El gobierno venezolano presentó el martes un proyecto de ley que busca imponer severas sanciones a personas y organizaciones que promuevan el “fascismo, neofascismo y expresiones similares”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez entregó para consideración de la Asamblea Nacional —de abrumadora mayoría oficialista— una ley “en atención de lo que han sido los últimos 25 años en Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista”.
El presidente Nicolás Maduro, quien el próximo 28 de julio buscará ser elegido para un tercer mandato de seis años, suele calificar de “fascistas” a sus críticos y adversarios políticos.
El proyecto de ley, de cuatro capítulos y 30 artículos, busca desarrollar “un conjunto de medidas de protección contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren a la democracia”, sus instituciones y valores republicanos, acotó Rodríguez.
La asamblea unicameral aprobó el martes el texto de ley en una primera discusión y lo discutirá nuevamente para su aprobación definitiva.
La ley “busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar”, la llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que se promulgó en 2017, la cual restringe a los medios de comunicación y fija sanciones de hasta 20 años de cárcel a quienes promuevan delitos de odio e intolerancia en Venezuela, añadió.
Maduro solicitó la “Ley contra el Odio” para poner fin a los mensajes de “odio”, guerra, intolerancia y racismo que supuestamente esgrimen los adversarios del gobierno.
Maduro sostenía que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales de mediados de 2017, las cuales dejaron más de 120 muertos en el país. Los partidos opositores, por su parte, afirmaron que esa ley busca criminalizar la protesta pacífica.
El activista de los derechos humanos Marino Alvarado publicó en X, antes Twitter, que la nueva medida “atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas”.
El nuevo proyecto de ley se presenta en momentos que más de 30 personas han sido detenidas desde enero, entre ellas una destacada activista de derechos humanos y personal del equipo de campaña de la lideresa opositora María Corina Machado, acusados de tener vínculos con supuestos planes conspirativos.
Fuente: AP
