El presidente estadounidense Donald Trump firmó un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, un suceso que podría tener amplias repercusiones en la lucha de años de las víctimas de Epstein para lograr un ajuste de cuentas público.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron el proyecto de ley esta semana por márgenes abrumadores después de que Trump revirtiera su oposición de meses al proyecto y señalara que lo firmaría. Ahora que el mandatario ha promulgado el proyecto de ley, hay una cuenta regresiva de 30 días para que el Departamento de Justicia dé a conocer los que suelen llamarse archivos de Epstein.
“Este proyecto de ley es un mandato para que el presidente sea completamente transparente, para que diga toda la verdad y dé honestidad total al pueblo estadounidense”, declaró el miércoles Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado.
Schumer añadió que los demócratas están listos para presionar si perciben que el presidente está haciendo algo que no sea adherirse a la «transparencia total».
En una publicación en redes sociales el miércoles, al anunciar que había firmado el proyecto de ley, Trump escribió: «Los demócratas han utilizado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias».
El veloz trabajo bipartidista en el Congreso esta semana fue una respuesta a la creciente exigencia pública de que se liberen los archivos de Epstein, especialmente a medida que la atención se centra en sus vínculos con destacados personajes a nivel global, incluidos Trump, el expresidente estadounidense Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor —quien ya ha sido despojado de su título real de príncipe a consecuencia del asunto—, y muchos otros.
Hay mucha expectativa pública sobre qué más podrían revelar los archivos. Sin embargo, el proyecto de ley probablemente desencadenará una extensa investigación federal rara vez vista, creando también el potencial de que haya consecuencias no deseadas.
¿Qué hace el proyecto de ley?
El proyecto de ley obliga a la secretaria de Justicia Pam Bondi a liberar esencialmente todo lo que el Departamento de Justicia ha recopilado a lo largo de varias investigaciones federales sobre Epstein, y sobre su antigua confidente y novia Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años de prisión por atraer a adolescentes para el deshonrado financiero. Esos registros suman unas 100.000 páginas, según un juez federal que ha revisado el caso.
Obligará también al Departamento de Justicia a dar a conocer todas sus comunicaciones internas sobre Epstein y sus asociados, y sobre su muerte en 2019 en una celda de una cárcel de Manhattan mientras aguardaba a que le presentaran cargos por abuso sexual y tráfico de docenas de chicas adolescentes.
Sin embargo, el proyecto de ley exime algunas partes de los archivos del caso. Sus autores se aseguraron de incluir que el Departamento de Justicia podría retener información personalmente identificable de las víctimas, materiales de abuso sexual infantil e información que el gobierno considera secreta debido a su relevancia para la defensa nacional o la política exterior.
“Seguiremos apegándonos a la ley con la máxima transparencia mientras protegemos a las víctimas”, manifestó Bondi en una conferencia de prensa el miércoles cuando se le preguntó sobre la liberación de los archivos.
El proyecto de ley también le permite al Departamento de Justicia retener información que pondría en peligro investigaciones o enjuiciamientos activos. Eso ha creado cierta preocupación entre los defensores del proyecto de ley de que el departamento abriría investigaciones activas sobre personas mencionadas en los archivos de Epstein con el fin de proteger ese material de la vista del público.
La representante Marjorie Taylor Greene —leal a Trump desde hace mucho tiempo, pero que se encuentra en una notoria discrepancia con él con respecto al proyecto de ley— declaró el martes que le parecía que el que el gobierno cumpla la ley sería su «verdadera prueba».
«¿Liberará el Departamento de Justicia los archivos, o todo permanecerá maniatado en investigaciones?», preguntó.
En julio, el FBI señaló en un memorando sobre la investigación de Epstein que «no descubrimos evidencia que pudiera justificar una investigación contra terceros no acusados». Pero la semana pasada Bondi cumplió con las exigencias de Trump y le ordenó a un fiscal federal investigar los vínculos de Epstein con los enemigos políticos del presidente, incluido Clinton.
Aún así, el representante Thomas Massie, un republicano que patrocinó el proyecto de ley, dijo: «no hay forma de que puedan tener suficientes investigaciones para abarcar» a todas las personas que él cree que están implicadas en el abuso de Epstein.
«Y si lo logran, entonces qué bien», añadió.
El proyecto de ley también requiere que el Departamento de Justicia dé a conocer informes sobre qué materiales retuvo, así como las censuras realizadas, dentro de los 15 días posteriores a la liberación de los archivos. Estipula que los funcionarios no pueden retener ni censurar nada «sobre la base de vergüenza, el daño a la reputación o la sensibilidad política, incluyendo a cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero».
¿Quién podría ser nombrado?
Existe una expectativa generalizada de que muchas personas podrían ser mencionadas en los archivos del caso para investigaciones que se extendieron por más de una década, y hay cierta preocupación de que tan sólo porque alguien sea nombrado, se asumiría que esa persona es culpable o cómplice.
Epstein era una figura destacada que se relacionaba con jefes de Estado, personajes políticos influyentes, académicos y multimillonarios. La liberación de sus correos electrónicos y mensajes por parte de una investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada ya ha mostrado sus vínculos con —y conversaciones privadas sobre— Trump y muchas otras figuras muy poderosas.
Sin embargo, los fiscales federales siguen directrices cuidadosamente elaboradas sobre qué información dan a conocer al público y en juicios, tanto para proteger a las víctimas como para mantener la equidad del sistema jurídico. El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, planteó objeciones al proyecto de ley sobre esas bases esta semana, argumentando que podría revelar información no deseada sobre las víctimas, así como sobre otras personas que estuvieron en contacto con los investigadores.
Aún así, Johnson realmente no intentó hacer cambios al proyecto de ley, y votó a favor en el pleno de la Cámara de Representantes.
Para los defensores del proyecto, un ajuste de cuentas público sobre la investigación es precisamente el punto. Algunas de las sobrevivientes del tráfico de Epstein y Maxwell han intentado hallar formas de nombrar a las personas que acusan de ser cómplices o involucradas, pero temen enfrentar demandas de los hombres a los que acusan.
Massie indicó que quiere que el FBI libere los informes de sus entrevistas con las víctimas.
Dichos informes suelen contener información no verificada, pero Massie señaló que está decidido a nombrar a aquellos que están acusados. Él y Greene han ofrecido leer los nombres de los acusados en el pleno de la cámara baja, lo que protegería su discurso de consecuencias jurídicas.
«Necesitamos nombres», expresó Massie.
Fuente: STEPHEN GROVES Associated Press