LIMA (AP) — Un pueblo andino está molesto con una empresa minera que hace 11 días derramó toneladas de metal tóxico en sus tierras, y con el gobierno central por no entregar resultados sobre la magnitud de la intoxicación.
Felipe Lázaro, alcalde del pueblo de Cajacay, en la región Ancash, dijo a The Associated Press que «300 personas han sido atendidas desde el derrame de la empresa Antamina, principalmente por tener dolores de cabeza, vómitos y sangrado de nariz».
La dirección regional de salud publicó en su sitio de internet que en los cuatro días posteriores al derrame, ocurrido el 25 de julio, fueron atendidas 140 personas por presentar «síntomas irritativos ocasionados por la inhalación del tóxico».
El Ministerio del Ambiente prometió entregar los primeros resultados de análisis médicos el sábado, pero no cumplió.
«Los funcionarios que vinieron a Cajacay nos han decepcionado, sólo dijeron que el agua de nuestro principal río no estaba contaminada, ahora han postergado la entrega de resultados médicos para el 9 de agosto», dijo Lázaro.
El Ministerio publicó el sábado en su cuenta de Twitter que las muestras de agua para consumo humano y del río cercano a Cajacay no excedían «los estándares de calidad ambiental» y estaban «por debajo de la norma sanitaria vigente».
Las llamadas hechas por la AP el fin de semana a teléfonos celulares del viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, y de la vocera del ministerio del Ambiente, Cristina Miranda, no fueron respondidas de inmediato.
«La gente que tiene dolores de cabeza y le sangra la nariz quiere que el gobierno le diga cuál es la magnitud de su intoxicación, están preocupados, asustados, y recontra molestos con la mina y el gobierno», añadió el alcalde.
Hilario Morán, presidente de la comunidad campesina de Cajacay, dijo a la AP que una pobladora, Clorinda Alegre, de 23 años, fue trasladada el sábado a la clínica San Pablo de la capital regional por «tener vómitos y toser sangre».
Unas 30 personas de la comunidad fueron evacuadas a la clínica para ser atendidas en días pasados, dijo Morán. Los gastos fueron asumidos por Antamina, propiedad de BHP Billiton, Xstrata, TECK Cominco y Mitsubishi Corporation.
De las 45 toneladas de concentrado de cobre derramadas, se colocaron 42 toneladas en un pozo de emergencia, pero las otras tres «se desparramaron en zonas agrícolas, una piscigranja y canales de regadío que no estaban en uso», dijo Morán.
Tras el derrame, «el superintendente de relaciones comunitarias de Antamina, Marco Dulanto, dijo a los campesinos ‘por favor apóyennos’, y nosotros humanitariamente ayudamos, sin saber que el concentrado era contaminante», agregó.
«Todos los campesinos ayudaron, se han ensuciado con sus manos, sin guantes, sin mascarillas, sin nada», aseveró.
Antonio Mendoza, gerente de Medioambiente de Antamina, descartó el viernes que la sustancia derramada sea «necesariamente tóxica», pero admitió que el concentrado contiene arsénico, azufre, sílice y plomo en cantidades que no precisó, y que los pobladores que colaboraron para contener el derrame sólo utilizaron «paños absorbentes» para protegerse.
Greg Moller, un profesor de química ambiental y toxicología de la Universidad de Idaho, dijo a la AP que el derrame de concentrado de cobre «fue un episodio tóxico y estas personas (los pobladores) están intoxicadas».
El mineroducto de acero de 302 kilómetros que se rompió en Cajacay conecta la mina con el puerto de Huarmey en la Costa del Pacífico, desde donde se envía el cobre de Antamina, la primera productora del metal en el país.
El alcalde dijo que Cajacay, de 3.500 habitantes, en su mayoría agricultores y ganaderos, mantienen diferencias con la empresa Antamina desde hace una década, cuando se inició la explotación de la mina polimetálica en los Andes, «porque Antamina no cumple sus principales promesas, sólo cumplen sus promesas más baratas y económicas».
Lázaro admite que Antamina ha construido dos postas médicas, cinco lozas deportivas, un colegio y un local comunal; pero dice que la mina se comprometió «a construir canales de regadío y una planta de tratamiento de residuos sólidos que sí son importantes para este pueblo que es ganadero y agrícola, pero hasta ahora no cumplen».
La fricción más violenta ocurrió el 2009, cuando un choque entre policías y campesinos que bloqueaban el paso de carros de la mina dejó tres campesinos heridos a balazos y cinco burros muertos a tiros. «Eran mis burros, tres machos y dos hembras, nunca me han pagado. La policía mató a mis burros para atemorizarnos a nosotros los campesinos», dijo Morán.
Perú es el segundo exportador mundial de cobre y el motor de su economía es la minería, la cual es al mismo tiempo la principal causa de disputas entre la población local, el gobierno central y las empresas mineras.
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