Prácticamente todos los días desde septiembre, cientos de migrantes procedentes de China, Colombia y otros países se han abierto paso a través de ciertos espacios en el muro fronterizo con México y caminado por senderos de terracería para entregarse a las autoridades federales y solicitar asilo. En ciertos días llegan más de 1.000 a las montañas cercanas a San Diego.
Mientras aguardan a ser procesados y recibir una fecha de audiencia judicial, viven en tiendas de campaña y estructuras improvisadas hechas con ramas de árboles en campamentos esparcidos por la zona. Estos sitios posiblemente desaparecerían en caso de que se implemente una iniciativa del Senado que realizaría cambios radicales a las leyes de inmigración, incluido el permitir una autoridad fronteriza de emergencia que restringiría el asilo una vez que se alcance cierto umbral de arrestos por cruces ilegales.
Además de esa autoridad de emergencia, la propuesta de ley dada a conocer el domingo tiene el objetivo de que los funcionarios de asilo evalúen a los solicitantes con estándares más estrictos en un plazo de un máximo de 90 días desde su llegada al país, y otros 90 para decidir los casos de quienes aprueben el primer filtro. En un escenario ideal, los casos se decidirían en seis meses en lugar de seis años, lo que es común en un sistema jurídico desbordado por más de 3 millones de casos. Esto se lograría en buena medida con la inversión de 4.000 millones de dólares para contratar a más de 4.300 funcionarios de asilo que asumirían labores que por el momento están reservadas para los jueces de inmigración.
El paquete de 118.000 millones de dólares, que conjunta la seguridad fronteriza con la ayuda para Ucrania e Israel, enfrenta el rechazo del expresidente Donald Trump y sus aliados, quienes lo consideran insuficiente, y de algunos demócratas y progresistas que piensan que limitaría el proceso de asilo a expensas de un elevado costo humano. En caso de que se apruebe a pesar de sus pocas probabilidades de que así sea, el proyecto de ley cambiaría radicalmente el manejo de la figura de asilo en la frontera. El asilo, que anteriormente apenas figuraba dentro de la política, es ahora el principal reto en la frontera.
Los abrumados agentes fronterizos no han sido capaces de procesar rápidamente a los migrantes que se entregan a las autoridades en Jacumba Hot Springs y otros lugares a lo largo de la frontera, obligándolos a esperar a la intemperie durante horas o días. Bajo fuertes vientos el viernes, se frotaban las manos en pequeñas fogatas y se sentaban uno cerca del otro dentro de las tiendas de campaña para generar calor corporal. Los paramédicos brindaron asistencia a una pequeña niña que lloraba debido a la fiebre.
“Me alegra haber llegado hasta acá, porque estoy luchando por mi mejor sueño, ser una mejor persona y ayudar a mi familia”, señaló el colombiano Juan Andrés Valverde, quien dijo que las autoridades mexicanas le robaron.
Su consejo para otros migrantes: “Si tiene la capacidad, (que) lo haga. La verdad no es fácil haber llegado hasta acá”.
Mbala Glodi, de 42 años, llegó a Jacumba Hot Springs —un pequeño poblado fronterizo al este de San Diego— después de cruzar ilegalmente la frontera en septiembre. Al igual que la inmensa mayoría de los recién llegados, fue puesto en libertad al poco tiempo luego de recibir una fecha de audiencia. Después de que pasó tiempo en albergues de la ciudad de Nueva York, una iglesia encontró a una familia dispuesta a recibirlo en Vermont.
“Tal vez al principio, la cosas parezcan difíciles (en Estados Unidos)», dijo Glodi, un exmanifestante estudiantil que asegura que enfrentaba la represión del gobierno en su natal Angola, durante una entrevista telefónica desde Vermont. «Después de acostumbrarse, todo saldrá bien con la ayuda de Dios”.
Su fecha de audiencia está programada para el 5 de mayo.
Samuel Schultz, voluntario que distribuye comida y otros suministros a los migrantes en Jacumba Hot Springs, se pregunta por qué las autoridades estadounidenses no permiten el ingreso de personas por cruces oficiales, libres de riesgos de hipotermia, ya que a la larga son puestas en libertad. “De cualquier forma los dejan entrar”, señaló.
Pero la iniciativa del Senado establece la suspensión del asilo para quienes crucen ilegalmente una vez que se alcance un promedio de 5.000 detenciones diarias por ingreso ilegal durante un plazo de más de siete días a lo largo de la frontera con México, o 4.000 a criterio del Departamento de Seguridad Nacional. El último mes en el que hubo menos de 5.000 fue febero de 2021. El asilo también quedaría suspendido si hay más de 8.500 arrestos en un solo día.
La “autoridad fronteriza de emergencia” podría estar en vigor por un máximo de 270 días en su primer año, 225 en el segundo año y 180 días en su tercer y último año. Los niños que viajan sin compañía de un adulto quedarían exentos.
Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden reconocen que la ayuda de México sería crucial para los nuevos poderes de emergencia, tal como lo fue durante una emergencia de salud pública entre marzo de 2021 y mayo de 2023. Las autoridades federales de Estados Unidos llevaron a cabo más de 2,7 millones de expulsiones de personas que cruzaron desde México durante ese periodo, negándoles el derecho a solicitar asilo bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
La iniciativa permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional siga utilizando los permisos condicionales humanitarios, incluida la política del gobierno de Biden de permitir la entrada de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre y cuando presenten su solicitud por internet, cuenten con un patrocinador financiero y lleguen al país por vía aérea.
Además permitiría que 1.400 personas soliciten asilo al día en cruces fronterizos oficiales con México “de forma segura y ordenada”, incluso mientras está en vigor el poder de emergencia. De hecho, esto mantendría vigente el sistema de solicitudes por internet que se implementó en enero de 2023 y que permite que hasta 1.450 personas ingresen cada día a Estados Unidos por cruces terrestres.
Actualmente, las autoridades estadounidenses asignan unas 400 citas diarias en el cruce fronterizo de San Diego mediante CBP One, el nombre del sistema en línea. En Tijuana, México, las familias se forman con sus maletas y documentos para sus citas de las 5 a.m., 1 p.m. y 8 p.m. Muchas hacen el intento durante semanas o incluso meses para conseguir una cita en el desbordado sistema.
María del Rosario Lanza, de 42 años, cruzó la frontera por San Diego con una cita de CBP One en enero de 2023, lo que dio inicio a su caso de asilo que posiblemente tarde años en resolverse. Llegó junto con su hermana y una niña de 8 años, sobrina nieta de su hermana, quien en 2019 viajaba con su padre en la parte posterior de una motocicleta en Tegucigalpa, Honduras, cuando un hombre armado mató a balazos a su padre. Huyeron del país después de que una inundación destruyó su casa.
Laza vivió en Chicago y Washington antes de establecerse en Fort Worth, Texas. Su próxima comparecencia es el 5 de enero.
“Dios está conmigo”, declaró el lunes.
Fuente: AP
