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“Si bien es cierto que a las escuelas de Florida les falta presupuesto, los recursos que se les ha entregado se han puesto en el lugar equivocado: incrementar la policía escolar en vez de un sistema de apoyo [a los estudiantes] como lo han recomendado los profesionales en salud mental”, indicó un extenso informe de la ACLU (Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos) dado a conocer este lunes.
Este reporte está basado en información de la agencia federal de derechos civiles, entre los años 2015-2016, que publicó el Departamento de Educación.
Uno de los problemas que revela el informe es la inexactitud en los datos sobre encarcelamiento de estudiantes. Como lo explicó el reporte de la ACLU, “al tiempo que Florida es líder en la nación en transformar las escuelas en mini estados policía, con recolección invasiva de información, amplia vigilancia y constante presencia de policía o personal armado, el análisis oculta que el Estado no ha reportado de manera precisa a las autoridades federales –como lo ordena la ley– el incremento en el número de estudiantes arrestados”.
En ese sentido, la ACLU señaló que los reportes del estado al gobierno federal “reconocen sólo el 26% de los más de 7.000 estudiantes que fueron arrestados durante el año, como lo refleja el Departamento de Justicia de Menores de la Florida”. Citó dos ejemplos clave: algunos distritos conocidos por tener las tasas más altas de arrestos, como los condados de Polk y Pinellas, reportaron cero detenciones.
Ayuda psicológica
Después de la masacre de Parkland, la ley de seguridad en las escuelas, aprobada en Tallahassee en 2018 y considerada histórica por ser la primera vez que los legisladores estatales actuaban en oposición a la Asociación Nacional del Rifle, dio más recursos a las escuelas para contratar especialistas en salud mental.
La situación que encontró la ACLU en su análisis es que el 98% de los estudiantes que asisten a las escuelas de la Florida no cumplían con los estándares nacionales de la proporción entre estudiantes y consejeros, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales.
De acuerdo con cifras del Departamento de Educación de Florida del año escolar en curso, citadas por la ACLU, “el 23% de las escuelas del estado no emplean consejeros. Sólo el 9% tiene un trabajador social, y menos del 7% cuenta con un psicólogo. Mientras tanto, nuestras escuelas emplean directamente más de 2.000 oficiales de policía, además de guardias armados y los agentes que acogen [las escuelas] del área que le corresponde a cada Departamento de Policía”.
Según Michelle Morton, especialista de la ACLU en justicia criminal para menores de edad, “los tiroteos en las escuelas siguen siendo algo raro. Al tiempo que los delitos a manos de menores de menores de edad siguen en declive, las tasas de suicidio de esa población están en crecimiento. Hoy, es más probable que los estudiantes se quiten la vida a que asesinen o mueran asesinados […]. Para mejorar la seguridad en las escuelas y el rendimiento de los estudiantes, en lugar de enfocarnos en la contratación de más policías, debemos centrarnos en las necesidades de salud mental no satisfechas de nuestros estudiantes con la contratación de más consejeros escolares y personal de apoyo”.
En razón de la ley aprobada en 2018, sobre seguridad en las escuelas y control de armas, el informe de la ACLU reconoció que “se han incrementado los recursos para apoyar [en el ámbito psicológico] a los estudiantes, pero [tales dineros]se han disminuido por la energía y los recursos desviados con el fin de convertir a las escuelas secundarias en prisiones”.
El debate
Entre tanto, el gobernador de Florida Ron DeSantis consideró que, con respecto a la modalidad de escuelas, mientras sean financiadas con dineros de los contribuyentes seguirán siendo públicas.
Bajo esa perspectiva, no se estaría socavando el sistema escolar público, sino abriendo más opciones a los padres de familia. Las becas (vouchers) y las escuelas por concesión (chárter) entrarían en esa oferta escolar.
Dentro del presupuesto del estado, se dedicarían entre 90 y 100 millones de dólares para financiar esos establecimientos educativos que funcionan como entidades privadas, pero se alimentan de dineros públicos.
En el tema de la seguridad en las escuelas, aún no es claro si los dineros públicos destinados para ese fin, incluirán a los colegios chárter.
Tampoco se ha definido con claridad si lo establecido por la ley aprobada en 2018, en cuanto a seguridad y salud mental, también cobijará a esos planteles educativos –que no pertenecen al sistema público– y los obligará a contratar tanto policías como consejeros, psicólogos y trabajadores sociales.
Fuente: Diario Las Americas
