Las ciudades de Oakland, California, y Portland, Oregon, demandaron al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia, con el argumento de que ambas agencias están excediendo los límites constitucionales al usar agentes federales para reprimir manifestaciones.
La demanda, presentada el miércoles por la noche en la corte federal en San Francisco, menciona el despliegue de agentes federales realizado a mediados de año para sofocar protestas en Portland, y afirma que el Servicio de Alguaciles Federales ilegalmente nombró como sus agentes representantes a policías locales, pese a las objeciones de las autoridades municipales. Esas asignaciones han significado que personas arrestadas por la policía local pudieran enfrentar cargos federales, que generalmente conllevan sentencias más severas.
El uso de agentes federales en esa forma es un cambio mayor de política y amenaza la independencia de las agencias locales del orden, dice la demanda. La querella cita la doctrina antirreclutamiento de la 10ma enmienda constitucional, que dice que el gobierno federal no puede requerir que los estados o los funcionarios estatales adopten o hagan cumplir la ley federal.
En un comunicado el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional criticó la demanda.
“Una vez más, políticos peligrosos y grupos marginales de intereses especiales han generado una demanda infundada. Pretenden dañar al presidente Trump y distraer de su agenda en defensa de la ley y el orden», manifestó la dependencia. “El Departamento de Seguridad Nacional ha actuado en forma totalmente legal. En lugar de condenar la violencia que estamos viendo en todo el país, estos políticos se enfocan en apuntarse puntos políticos baratos en detrimento del pueblo estadounidense”.
Previamente, el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf ha defendido enérgicamente la respuesta del gobierno federal a las protestas en Portland.
El gobierno de Donald Trump dice que el trabajo de los agentes federales está limitado a la propiedad federal, pero la demanda alega que “las actividades en ciudades como Portland revelan un cambio claro y significativo al uso de fuerzas federales para intervenir unilateralmente y remplazar a los departamentos locales del orden que no concuerden con la idea del presidente de ‘ley y orden’”.
Las acusaciones de extralimitación constitucional se centran en las acciones del gobierno federal en Portland, pero Oakland se sumó a la demanda por preocupación de que Trump pudiera enviar agentes federales a Oakland o asignar como representantes de agencias federales a los policías locales, muestran los documentos en la corte.
Las protestas contra la injusticia racial y la violencia policial han sacudido ambas ciudades en el oeste de Estados Unidos desde la muerte de George Floyd a manos de la policía, y han motivado ataques del presidente Trump, que amenazó con enviar recursos federales para restaurar la ley y el orden.
En Portland, la administración Trump envió a decenas de agentes federales a la ciudad en julio para custodiar una corte federal que se había vuelto blanco de las protestas, pero esos agentes chocaron con los manifestantes a varias cuadras del edificio en numerosas ocasiones. El estado de Oregon presentó una demanda por acusaciones de que agentes federales se llevaron a manifestantes en vehículos civiles y sin identificarse.
Fuente: AP