Lo que fue proyectado como la solución definitiva al congestionamiento en el corazón de Miami y un nuevo icono arquitectónico para la ciudad, se ha transformado en un dolor de cabeza de casi una década. Una investigación de Telemundo 51 ha sacado a la luz una serie de demandas judiciales que exponen graves fallas de diseño y materiales defectuosos como las verdaderas causas detrás de los retrasos y sobrecostos del proyecto de enlace de las autopistas I-95, I-395 y SR-836.
De 2021 a 2029: Una espera interminable
El proyecto, con un presupuesto de 802 millones de dólares, tenía como fecha original de finalización el año 2021. Sin embargo, el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha postergado la entrega hasta el 2029, sumando ocho años de demora a una obra que ya genera frustración diaria entre miles de conductores.
Aunque el FDOT ha atribuido los retrasos anteriormente a factores como el mal clima, problemas en la cadena de suministro y la reubicación de servicios públicos, las demandas presentadas por el contratista principal, Archer Western–De Moya Joint Venture, cuentan una historia diferente:
-
Errores en el cálculo del viento: La demanda alega que la firma de ingeniería HDR no calculó correctamente la resistencia de los arcos ante vientos huracanados en el diseño original.
-
Costos millonarios por rediseño: Para cumplir con los estándares de seguridad, el diseño tuvo que ser modificado, lo que presuntamente incrementó el costo en 405 millones de dólares y añadió años al cronograma.
-
Concreto defectuoso: Otra acción legal revela que el contratista tuvo que demoler y reemplazar secciones del puente debido a concreto de mala calidad, un error valorado en más de 3 millones de dólares.
La respuesta de las partes implicadas
La firma de ingeniería HDR ha negado las acusaciones en corte, argumentando que los planos iniciales eran preliminares. Aunque llegaron a un acuerdo con el contratista, no admitieron responsabilidad legal.
Por su parte, el FDOT declinó emitir comentarios detallados sobre el litigio, limitándose a declarar que no formaron parte de la demanda por tratarse de una «disputa interna entre los miembros del equipo». La agencia aseguró que su prioridad sigue siendo el cumplimiento de los «rigurosos estándares de seguridad» durante lo que resta de la construcción.
¿Quién asume la cuenta?
A pesar de los masivos sobrecostos, documentos judiciales sugieren que, debido a las cláusulas contractuales con el estado, es poco probable que el peso financiero adicional recaiga directamente sobre los contribuyentes. No obstante, organizaciones como Transit Alliance Miami han expresado su preocupación, recordando que, al final del día, se trata de una obra de infraestructura pública financiada con fondos estatales.
Mientras el litigio avanza, los residentes de Miami deberán continuar navegando por un laberinto de desvíos y rampas cerradas durante al menos tres años más.