El controversial plan de Florida para construir nuevos centros de detención de inmigrantes, incluyendo el denominado «Alligator Alcatraz» en los Everglades, ha recibido luz verde y financiación del gobierno federal. El anuncio fue hecho este lunes por funcionarios estatales, marcando un avance significativo para la iniciativa impulsada por el fiscal general James Uthmeier.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el gobierno federal, a través del programa de refugio y servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), financiará «en gran parte» estos esfuerzos de Florida. «Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando a turbo velocidad en formas rentables e innovadoras para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de deportaciones masivas», declaró Noem a CBS News, añadiendo que la expansión de instalaciones y camas se logrará «en cuestión de días».
La joya de la corona de esta propuesta es el «Alligator Alcatraz», un centro temporal proyectado en el «prácticamente abandonado» Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami-Dade-Collier. Según Uthmeier, esta instalación podría estar operativa en un plazo de 30 a 60 días desde el inicio de su construcción y tendría capacidad para albergar hasta 1,000 inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país. El fiscal general ha enfatizado las características únicas del sitio en un video en su cuenta de X: «No es necesario invertir tanto en el perímetro. La gente sale, no hay mucho que los espere, aparte de caimanes y pitones… No hay dónde correr, ni dónde esconderse».
Uthmeier anunció este lunes que el plan general del estado para construir esta y otras instalaciones ha sido «aprobado» por el gobierno federal, y que colectivamente podrían albergar hasta 5,000 detenidos. Se espera que empiecen a recibir migrantes a principios del próximo mes.
Este plan surge en un contexto de centros de detención de ICE saturados, albergando a unos 53,000 migrantes indocumentados, superando la capacidad financiada por el Congreso. La administración Trump busca expandir rápidamente la capacidad de detención e incrementar el número de arrestos diarios.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha advertido sobre la necesidad de una «revisión exhaustiva» y un «debido proceso» debido a la ubicación del terreno en una zona ecológicamente sensible de los Everglades. Levine Cava expresó preocupación por las «consecuencias significativas a largo plazo» y los «impactos devastadores» que un desarrollo de este tipo podría tener en el ecosistema. Expertos también estiman que el funcionamiento de instalaciones de esta magnitud podría costar hasta $450 millones al año.
El fiscal general Uthmeier, quien ha defendido la propuesta como una forma de Florida de «liderar en la aplicación de la ley de inmigración», se mostró orgulloso de apoyar al presidente Trump y a la secretaria Noem en su misión de «arreglar el problema de la inmigración ilegal de una vez por todas».