“Mas allá de que la ex senadora tenga derecho a esbozar sus opiniones ante la opinión pública y mas que todo en esa reunión que había con los indígenas, el incitar a tumbar a un jefe de estado, en este el presidente Juan Manuel Santos, sin duda constituye un delito contra la seguridad y existencia del estado como lo estable la Constitución de Colombia”.
“El tema es que desde hace unos 5 u 8 años, que se ha venido estableciendo que la ex senadora tiene unos vínculos claros y evidentes con organizaciones terroristas, en este caso la organización terrorista de las FARC; evidentemente ha habido una complacencia por parte del estamento judicial y algunos organismos y personajes del estado de permitirle continuar con su supuesta labor de paz, porque consideraran que meterla en la cárcel o hacer la toma de alguna acción en contra de ella la convierten en una presa política y de alguna manera se quiere evitar esto. Pero a qué costo se está evitando esto?, porque de alguna manera el seguir evitándolo le sigue permitiendo a la ex senadora hacer, decir y en muchos casos como lo que sucedió en el sur del país instigar a la violencia, instigar a los indígenas a impedir que las fuerzas militares hagan su trabajo. Eso constituye un delito claro y evidente más allá de los que ha logrado comprobar, digamos en los computadores de Raúl Reyes y sus vinculaciones con las FARC”.
“La gente sigue insistiendo en que toca perseguirla, toca judicializarla, pero hay elementos del estado en que insisten que hay que dejarla tranquila, entonces ahí es donde viene el debate”.