El presidente peruano Pedro Castillo disolvió el miércoles el Congreso e instaló un gobierno de emergencia cuando los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido de destitución. La Defensoría del Pueblo lo consideró «un golpe de Estado” y reclamó la inmediata renuncia del mandatario.
En un mensaje por la televisión pública, Castillo dijo que se convocará en la “mayor brevedad” a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que deberá elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses. Poco después renunciaron el jefe del ejército Walter Córdova y cuatro ministros, incluido el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.
Castillo indicó que está comunicando la decisión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo sostuvo en un comunicado que luego de varios años de democracia Perú se enfrenta a un quiebre constitucional “que no tiene otra denominación que un golpe de Estado”. El organismo demandó la renuncia de Castillo y su puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento de la constitución “al haberse arrogado el poder que sólo pertenece al pueblo”.
“El señor Castillo debe recordar que no sólo fue elegido como presidente de la república si no que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Los actos de Castillo desconocen la voluntad del pueblo y son nulos”, indicó la Defensoría, que pidió que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma la presidencia de acuerdo al orden sucesorio.
En su cuenta de Twitter, Boluarte rechazó la decisión del mandatario porque “agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
A partir de la fecha se gobernará mediante decretos ley y habrá toque de queda a partir de las 22 hora (0300 GMT) y hasta las 4 de la mañana (0900 GMT).
También se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
Esta es la segunda vez en tres años que un gobierno cierra el Congreso. En 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento, pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres mandatarios en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.
El anuncio se produjo cuando Castillo se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un desprestigiado Parlamento que iba a debatir su posible remoción por “permanente incapacidad moral”.
La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente ha negado las acusaciones.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república, que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política, ha modificado cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que ha provocado una parálisis de varias políticas de gobierno.
Aunque es el primer presidente investigado en funciones, no sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción y ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht.
Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
El enfrentamiento con el Parlamento y la Fiscalía es tan fuerte que Castillo pidió recientemente la visita de una misión de alto nivel de la OEA, que concluyó en un informe que se necesita una tregua política para estimular el diálogo entre las partes.
En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos.
El gobierno también afirma que desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.
Fuente: AP
