ASUNCION (AP) — El presidente paraguayo Fernando Lugo anunció el jueves que no renunciará al cargo y aceptó ser juzgado por el Senado en un eventual juicio político, mientras una asociación de campesinos prepara una masiva marcha en su apoyo.
«Este presidente anuncia que no va a renunciar al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias», dijo Lugo en conferencia de prensa luego de que la Cámara de Diputados resolvió pedir al Senado su juicio político por 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.
La moción pasó ahora al Senado y de aprobarse será la cámara alta –dominada por la oposición al igual que la cámara baja–, la que realice el juicio.
Lugo instó al parlamento a «agotar esfuerzos para evitar procedimientos que puedan ser contrastados por la historia y la ciudadanía y a cumplir con trámites y plazos constitucionales que me ofrezcan como presidente de la república toda la garantía de una justa y legítima defensa».
En medio de la fuerte tensión política, el teniente coronel Amado Ramírez, vocero del comando de fuerzas militares, leyó un breve comunicado al país: «Se informa que las fuerzas armadas se mantienen dentro de sus funciones específicas establecidas por las leyes, respetando la vigencia de la institucionalidad y el estado democrático».
En tanto, gobernantes de los países de la Unasur acordaron enviar una misión de cancilleres de la región a Asunción junto al secretario general del organismo, el venezolano Alí Rodríguez, para apoyar la estabilidad y la democracia en Paraguay, dijo a periodistas el canciller brasileño Antonio Patriota en Río de Janeiro.
El ministro agregó que «los presidentes expresaron su convicción de que se debe preservar la estabilidad y el pleno respeto al orden democrático en Paraguay, observar el pleno cumplimiento de los dispositivos constitucionales y asegurar el derecho a defensa y debido proceso».
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El pedido de juicio político a Lugo se produjo seis días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos durante el intento de desalojo de una reserva forestal, que desembocó en la renuncia del ministro del Interior y del jefe de la policía.
Jorge Oviedo, del opositor partido Unace y presidente del Senado de 45 miembros, dijo que se recibió la acusación de Diputados y que «en un par de horas habrá una sesión extraordinaria para analizar el documento y resolver si enviamos o no una copia al presidente Lugo para que prepare su defensa. Una vez que la tenga lista, llamaremos a otra sesión para escucharlo».
Los diputados opositores José López Chávez, Clemente Barrios, Carlos Liseras, Alvaro Mariño y Oscar Tuma fueron designados fiscales. López Chávez informó que los cargos contra Lugo serán numerosos e incluyen su responsabilidad en la sangrienta balacera entre policías y campesinos, su vínculo con líderes de organizaciones de campesinos que invaden haciendas privadas y nepotismo en la administración pública, entre otras.
Lugo, de 61 años y enfermo de cáncer linfático, asumió el mando en agosto de 2008 y debe entregar el poder en agosto de 2013.
Eulalio López, de la Liga Nacional de Carperos, de extrema izquierda, señaló a The Associated Press que «cerca de 100.000 compañeros estamos buscando dinero para pagar los vehículos que nos llevarán hasta Asunción para apoyar a Lugo en contra del juicio político. Será un apoyo pacífico».
Sin embargo, organizaciones de campesinos de la izquierda moderada informaron que sólo se mantendrán atentas al desarrollo de los hechos.
«Lugo no está cumpliendo su principal promesa electoral de otorgar la reforma agraria pero no es culpa suya sino del Poder Judicial que frena todo intento de expropiar tierras en manos de extranjeros o recuperar terrenos que originalmente eran del Estado y hoy están en manos de ex adherentes de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989)», dijo Belarmino Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo en entrevista con la AP.
Según el analista político Horacio Galeano Perrone, Lugo perdió apoyo entre los campesinos y su popularidad fue deteriorándose porque «el verdadero problema es la falta de reforma agraria. Estamos ante un estallido social y un estallido del campo de baja intensidad, por el momento, por las grandes contradicciones y problemas que existen en el campo».
Por su parte, el politólogo Bernardino Cano Radil, explicó a la AP que «su incapacidad para conducir el estado, sus señales confusas para repudiar la violencia, sus reuniones con personas irregulares y de conducta violenta de la política, su impotencia de enfrentar la situación política, su falta de diálogo con los partidos políticos democráticos parlamentarios, todo esto fue minando su apoyo popular. Y sobre todo porque perdió la confianza del otro gran partido de gobierno que le llevó a ganar en el 2008 que fue el Partido Liberal Radical Auténtico. Al renunciar todo su gabinete de liberales, quedo sin sostén político.»
Pompeyo Lugo, hermano mayor del mandatario y militante del opositor Partido Colorado coincidió que el presidente «tiene sus propias ideas, no escucha a nadie. Los problemas de gobernabilidad que terminan con este juicio político son a causa de que él tiene una esposa, el Partido Liberal, y varias novias, las organizaciones de izquierda. Así es imposible gobernar».
La muerte de 11 campesinos y seis policías ocurrió el viernes durante un enfrentamiento armado en el interior de una reserva forestal de 2.000 hectáreas en las afueras del pueblo Curuguaty, a casi 400 kilómetros al noreste de Asunción.
En Paraguay 80% de las tierras fértiles está en poder de 2% de la población. Los terrenos, en su mayoría, están destinados a la producción agrícola y ganadera que por primera vez en 2010 permitió que Paraguay tuviera un crecimiento económico de 14,5%. Sin embargo, de 6,4 millones de habitantes 39% es pobre y dentro de esa franja 19% es miserable, según dijo a la AP el analista internacional Ricardo Rodríguez.
El juicio político está establecido en el artículo 225 de la constitución vigente desde 1992 y establece que el presidente y otros funcionarios de alto rango «sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes».
Emilio Camacho, asesor jurídico del palacio de gobierno, anticipó en conferencia de prensa que «estamos reuniendo a varios abogados para analizar la situación del jefe de Estado y comenzar a diagramar la defensa para cuando nos llame el Senado».
Tras conocerse la decisión de la cámara baja, los ministros de Justicia y de Agricultura, Humberto Blasco y Enzo Cardozo, pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico, presentaron su renuncia.
El clima en Asunción era tenso. La mayoría de las instituciones educativas suspendieron las clases por el día y pidieron a los padres que retiren a sus hijos de los colegios como medida de seguridad. Los locales comerciales del microcentro de la capital cerraron sus puertas ante la posible movilización de campesinos frente al Congreso.
De concretarse el juicio político contra Lugo sería el cuarto desde 1931. El primero fue contra el mandatario José P. Guggiari, quien renunció antes de su juzgamiento. El segundo ocurrió en marzo de 1999 pero Raúl Cubas también dimitió antes de sentarse en el banquillo de los acusados. El tercero fue en 2002 contra Luis González Macchi, quien no fue destituido porque el Senado no reunió 30 de los 45 votos necesarios.
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El periodista de The Associated Press Marco Sibaja en Rio de Janeiro colaboró con esta nota.
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