El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, renunció el jueves al cargo, dos días después de que la Corte Suprema emitió un fallo que declaró inconstitucional un contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals para la extracción de cobre en una zona boscosa del norte del país.
Alfaro dijo que su renuncia responde al «ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país”. El presidente Laurentino Cortizo nombró como sustituto al abogado Jorge Rivera Staff, quién se desempeñaba como secretario de Energía.
Alfaro, quien como ministro dio seguimiento al proceso de redacción del contrato-ley con la minera, mencionó que, al asumir el cargo, “los términos de la negociación ya habían sido acordados; sin embargo, no se había logrado un contrato que reflejase lo pactado y que garantizara los mayores beneficios que recibiría la República de Panamá. Asumimos el reto de forma transparente”.
En tanto, el nuevo titular dijo que el ministerio ahora a su cargo se encuentra evaluando las acciones que le corresponden para acatar la sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Apuntó que para ello se establecerá una mesa técnica de coordinación con los ministros de Ambiente, Trabajo y Seguridad.
El fallo del máximo tribunal dice que su veredicto debe ser interpretado en el sentido de que no existe concesión minera. El presidente Cortizo, quien sancionó y promulgó rápidamente el contrato-ley el 20 de octubre, ha dicho que una vez que reciba la comunicación formal del fallo se procederá de inmediato a su promulgación y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina.
El contrato-ley que permitía a Minera Panamá extraer cobre por al menos 20 años a cielo abierto en una zona boscosa desencadenó protestas multitudinarias en todo el país durante más de un mes en las que se exigía su anulación. Según los argumentos del máximo tribunal, el contrato-ley infringía 25 artículos de la Constitución sobre los derechos de los ciudadanos y los deberes del país de garantizar una vida en un ambiente sano y sin contaminación, precisamente el principal reclamo de los críticos al contrato.
Fuente: AP
