Una propuesta para reconstruir la devastada red eléctrica de Venezuela con la ayuda de Naciones Unidas está siendo una papa caliente para la oposición al presidente, Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, descartó en el último minuto el martes un debate sobre un crédito de 350 millones de dólares de un banco de desarrollo regional para abordar la emergencia eléctrica que ha dejado a gran parte del oeste del país a oscuras desde hace meses por los apagones.
Los promotores del proyecto acusan a los opositores más acérrimos de hacer política con la crisis humanitaria en Venezuela y de ignorar la difícil situación de millones de venezolanos que demandan soluciones urgentes para sus problemas diarios mientras la lucha para derrocar a Maduro se alarga.
“No podemos condenar millones de venezolanos a quedar sin luz hasta que Maduro se vaya del poder”, dijo Óscar Rondero, un legislador opositor del estado de Nueva Esparta, uno de los más afectados por los cortes eléctricos.
La propuesta de acuerdo para un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, o CAF, tiene el respaldo de Maduro pero necesita también la aprobación de la Asamblea Nacional. Los fondos se emplearían para reconectar 1.206 megavatios de electricidad _ casi la mitad de la producción actual en plantas de petróleo y gas _ en cuatro zonas muy castigadas, además de para generadores de emergencia para hospitales en todo el país.
Esta iniciativa coloca a la oposición, que considera que el gobierno de Maduro es corrupto e ilegítimo, en una posición difícil, señaló David Smilde, un experto en Venezuela de la Universidad Tulane. Además, deja ver que las divisiones han aumentado y se han agravado, mientras la campaña apoyada por Estados Unidos para sacar a Maduro del poder pierde impulso, con muchos de sus opositores exiliados por temor a ser detenidos.
“Respaldarla requeriría el reconocimiento tácito del gobierno de Maduro”, explicó Smilde, que también está en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “Pero oponerse supondría negar a los venezolanos una oportunidad importante para mejorar las terribles condiciones en las que viven”.
Para abordar esas preocupaciones, la agencia de desarrollo de la ONU sería la responsable de administrar los fondos junto con una junta independiente formada por representantes tanto de Maduro como del líder opositor Juan Guaidó. La empresa estatal Corpoelec, que está gestionada por leales a Maduro y es considerada la responsable del colapso de la red eléctrica, no recibiría directamente la financiación.
Según Smilde, si la iniciativa sale adelante podría ayudar a fomentar una cooperación más cercana entre los dos bandos para poner fin a una crisis que ha llevado a más de 4,6 millones de venezolanos a abandonar el país, incluyendo el apoyo a un acuerdo de “petróleo por alimentos” que está siendo planteado cada vez más por políticos y analistas.
Sin embargo, para algunos en la oposición, cualquier intento de cooperación con Maduro para abordar la crisis humanitaria, aunque sea modesto, huele a traición.
“¿Resulta ahora que el poder legislativo va a fingir normalidad aprobándole recursos a un poder ejecutivo que supuestamente es usurpador?”, planteó Pedro Urruchurtu, coordinador nacional del movimiento Vente Venezuela en Twitter tras la sesión legislativa del martes.
La propuesta del préstamo se remonta a marzo, cuando legisladores de la oposición se reunieron con sus homólogos socialistas en un foro patrocinado por el conocido como Grupo de Boston.
El grupo informal surgió tras un golpe de Estado en 2002 como una vía para que legisladores de todo el espectro político venezolano, así como los demócratas y republicanos estadounidenses, reconstruyesen la confianza tras la breve salida de Hugo Chávez del poder. Maduro fue uno de sus fundadores.
Recientemente, el grupo se activó para asegurar la liberación de Joshua Holt, un hombre de Utah que fue arrestado y detenido durante casi dos años por unos cargos de tenencia de armas considerados ampliamente como falsos.
Guaidó, que preside la Asamblea Nacional y a quien más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, reconocen como el presidente legítimo del país, no se ha pronunciado públicamente en este debate.
Pero Rondero apuntó que los miembros de su partido, Voluntad Popular, expresaron reticencias, mientras que Primero Justicia, que controla el bloque más grande del congreso, se opone abiertamente a la propuesta.
Al retirar el debate de la agenda de la Asamblea Nacional para el martes, el legislador Enrique Márquez dijo que se necesitaba más tiempo para alcanzar un consenso.
Fuente: AP
