La Organización de Estados Americanos (OEA) está a la espera de que la oposición venezolana presente la solicitud para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, algo que solo se hizo en el golpe de Estado en Honduras, de 2009.
Esa solicitud podría llegar la próxima semana y se espera que el secretario general del organismo, Luis Almagro, la presente a debate en el Consejo Permanente, según varias fuentes diplomáticas consultadas por la agencia de noticias Efe.
La Carta Democrática, aprobada en 2001, contempla varios supuestos, pero en este caso el artículo aplicable sería el 20, que autoriza al secretario general o a un Estado miembro a pedir la convocatoria del Consejo Permanente en caso de que en otro Estado haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
Ese es el debate de fondo que abordaría el Consejo, determinar si en Venezuelase ha producido esa «alteración del orden constitucional», aunque en la práctica serían los equilibrios políticos de cada país -y no el componente jurídico- los que decantarían la votación.
«Venezuela ha contravenido principios básicos establecidos en la Carta Democrática, como por ejemplo, que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen ‘la separación e independencia de los poderes públicos'», considera José Miguel Vivanco, director para América de la ONG Human Rights Watch, en declaraciones a Efe.
«La absoluta falta de independencia judicial ha contribuido a que las autoridades cometan impunemente todo tipo de abusos y ha permitido que el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones limitara las facultades de la actual Asamblea Nacional», agrega Vivanco.
A partir de ese debate en el Consejo se abre un largo proceso cuya última consecuencia es la suspensión del Estado de la OEA, como ocurrió con Honduras, un escenario al que no creen que se llegue ninguna de las fuentes externas e internas consultadas por Efe.
En ese Consejo Permanente, donde están los embajadores de los 34 países miembros, se necesita una mayoría simple para iniciar gestiones diplomáticas con el fin de tratar de solucionar la situación por esa vía.
Si esas negociaciones fracasan, se convocaría una Asamblea General extraordinaria, con los cancilleres de los Estados, en la que se necesitarían dos tercios de los votos para aprobar la suspensión del Estado de la OEA.
«Existe poco apetito» en el continente para llegar a este escenario, explica a Efe Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano.
«Aunque la mayoría de los Gobiernos están preocupados por el deterioro de las condiciones en Venezuela y las frecuentes violaciones del Estado de derecho, los Estados temen que, en otro momento y contexto, la OEA intente actuar del mismo modo hacia ellos», añade.
El mismo consenso que existe sobre que no se llegará al escenario extremo de la suspensión, se da también sobre que Almagro llevará al Consejo Permanente la eventual solicitud de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, donde la oposición tiene la mayoría desde enero.
«Almagro ha sido muy activo sobre Venezuela. Si no terminara presentándolo al Consejo sería un síntoma de debilidad. No presentarlo a estas alturas sería un retroceso en ese sentido, así que es bastante probable que lo haga», declara a Efe Michael McCarthy, consultor y experto en Venezuela del centro de estudios Wilson Center.
El secretario general de la OEA, que cumplirá en mayo un año al frente de la organización, tiene un estilo muy diferente a varios sus antecesores y no duda en opinar abiertamente sobre los temas más polémicos del continente en medios, en cartas abiertas o en su activa cuenta de la red social Twitter.
Desde hace medio año tiene una relación muy tensa con el Gobierno de Venezuela por denunciar irregularidades en el proceso electoral de las parlamentarias de 2015 y por pedir, recientemente, que el presidente Nicolás Maduro firme la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, de mayoría opositora.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, le advirtió esta semana de que una invocación de la Carta Democrática en su país «prefiguraría un supuesto de hecho para solicitar su destitución», al considerar que no existe el requisito de que haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente al orden democrático».
«Los reiterados ataques de Venezuela contra el secretario general son una prueba del intento de reposicionar un debate que tiene que ver con la esencia del proceso democrático de Venezuela en la persona del secretario general», dijo a Efe una fuente de la Secretaría General de la OEA.
«Intentar culpar a Almagro es esconder debajo de la alfombra los problemas reales que tiene el país y sostener que el secretario general u otro Estado miembro no tienen atribuciones para convocar el Consejo Permanente es desconocer la Carta Democrática», agregó la misma fuente.
Fuente: EFE
