Los grandes inconvenientes que generaron las demoras de las obras de reconstrucción de la calle Flagler, en Miami, motivaron al senador floridano José Javier Rodríguez a presentar en 2018 y 2019 sendos proyectos de ley en el Congreso de Florida, pero ninguno tuvo el respaldo necesario, y ahora, tras otra gestión, se ha logrado al menos “reglamentar” el proceso.
El propósito de esas iniciativas apuntaba a dos aspectos fundamentales: primero, “regular” ese tipo de trabajos y, segundo, “indemnizar” a pequeños y medianos comerciantes de la Florida, que puedan resultar afectados por la demora de obras públicas en su área de operaciones.
Aun así, las gestiones del político demócrata se tuvieron en cuenta finalmente en Tallahassee. “El clamor de nuestra gente fue escuchado por el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT)”, afirmó Rodríguez, quien celebró que esa agencia estatal promulgó una normativa que regula obras civiles como la ejecutada en la importante vía de Miami.
La nueva reglamentación, que está vigente desde julio pasado, pero solo fue dada a conocer en días recientes porque –según Rodríguez– “estábamos socializándola con algunos oficiales electos”, pone de relieve una serie de requisitos para contratistas y compañías de servicios públicos, entre otras, que se deben cumplir “antes y durante los trabajos”.
Alcances de la reglamentación
Durante las “negociaciones” con funcionarios del FDOT para definir el contenido de la nueva política de obras en Florida, el senador de origen cubano hizo énfasis en los “traumatismos” ocasionados por el cierre prolongado de “amplias zonas” de la calle Flagler.
De tal manera, la medida adoptada estipula –en palabras del propio político– “ir de pedacito en pedacito, rompiendo la vía lo menos posible para limitar el impacto en el vecindario y frente a los negocios”.
De hecho, el factor que mayor repercusión tuvo en el comercio de esa populosa zona de la Capital del Sol fue el “largo tiempo” que la calle se mantuvo cerrada, lo que acarreó la quiebra de un elevado número de negocios, problemas a los transeúntes y serios problemas al tráfico vehicular, entre otros inconvenientes.
“La calle, para reparar el sistema de drenaje o de alcantarillado, no se puede romper en más de una cuadra”, sostuvo.
El segundo aspecto que contempla la normativa se refiere a una “mejor coordinación con las compañías de servicios públicos”, con el propósito de que “no haya demoras en las soluciones o alternativas que se hayan acordado previamente”, como instalación eléctrica o áreas verdes.
Según Rodríguez, “eso es parte de lo que sucedió en Flagler, que no se negociaron e identificaron todos los trabajos que se tenían que hacer”. De tal manera, afirmó, “abrieron la calle y empezaron a negociar y a descubrir otras cosas que no estaban negociadas”.
Con la nueva regulación, el senador floridano estima que “eso que vimos y sufrimos en Flagler es lo que no va a pasar de ahora en adelante. Ellos [compañías de servicios públicos como FPL, y las de acueducto y alcantarillado] debieron hacer todo ese trabajo antes de romper la calle”.
El tercer punto que resalta Rodríguez es la “reestructuración” de los contratos que se adjudiquen a las firmas que participan en esa clase de obras, como también una serie de incentivos por cumplimiento de los tiempos.
“Ahora quedará asegurado desde un principio que se está tomando en cuenta cómo se hará la construcción, y no solo el tiempo de duración de esos trabajos”, explicó.
De acuerdo con Rodríguez, las obras en la calle Flagler no solo fueron ejecutadas de forma “muy lenta” e “ignoraban el impacto que estaban teniendo”, sino que “también eran peligrosísimas para los peatones y muy malas para la imagen de nuestra comunidad”.
No habrá compensación
Un hecho que lamentó Rodríguez es que la medida solo incluye las normas que se deben cumplir en “obras que tengan impacto en áreas de gran densidad de negocios y vecindarios próximos”, y no las compensaciones que estipulaban los proyectos de ley que no prosperaron a instancias del Congreso estatal.
“Lo triste para los dueños de esos negocios que se fueron a la quiebra –señaló– y para los residentes que estuvieron muy afectados por las obras en Flagler, es que esta política no los ayuda económicamente a ellos”.
La iniciativa del legislador cubanoamericano, que volvió a presentar en 2019, planteaba un programa de recompensas que no podría “exceder las pérdidas demostradas” por propietarios de locales comerciales o de hasta 15.000 dólares por año, cualquiera que fuese menor.
En tal sentido, los pequeños o medianos negocios, como restaurantes, barberías, mercados y otros, tendrían que explicar en un formulario que la disminución en sus ingresos estuvo directamente relacionada con las obras públicas ejecutadas.
Para Rodríguez, es claro que su propuesta bipartidista no alcanzó el respaldo que buscaba debido a “intereses creados en Tallahassee” que le pusieron “trabas” a un proyecto que solo trataba de “aliviar” las enormes pérdidas que tuvieron muchos comerciantes.
“El poder que se maneja allí es muy fuerte”, advirtió.
Prueba de fuego
Un proyecto similar al de la calle Flagler, que incluyó la 1ra. del SW, en el marco de una obra civil que demandó una inversión de 45 millones de dólares, se encuentra en la fase de concertación y estudios para desarrollarse en la emblemática Calle Ocho.
“Esa obra en la calle más popular de Miami sería la prueba de fuego de la nueva reglamentación”, aseguró Rodríguez.
Desde 2016, el FDOT realiza una serie de estudios para determinar la viabilidad de ejecutar obras afines en la vía que atraviesa la barriada de La Pequeña Habana. Hasta hace algunos meses se contemplaban seis alternativas, entre las que destacan cambiar el sentido de la calle, convertirla en doble sentido o crear senderos peatonales y para bicicletas, entre otras posibilidades.
El mismo senador Rodríguez dijo en marzo pasado que “no” apoyaba esos trabajos por temor a que ocurriera lo mismo que tuvo que padecer un amplio sector de la ciudad de Miami, con el proyecto en la calle Flagler. “Ahora creo que es tiempo de retomar las conversaciones”, afirmó.
Del mismo modo, el comisionado por el distrito 3, Joe Carollo, que tiene jurisdicción en parte de esa área, sostuvo a principios de año que “eso sería acabar con todo el comercio de esta calle”. Además, el legislador local aseguró que “nunca” lo habían “consultado” o “tenido en cuenta” para ese proyecto.
De acuerdo con el FDOT, el área de estudio comprende también la calle 7 del SW, entre las avenidas 27 y Brickell, con el propósito de evaluar las “deficiencias físicas, operativas y de seguridad” en estas vías, y resalta que las “opciones de transporte” deben considerar a los “peatones”.
Según algunos documentos de la iniciativa estatal, se estaba “consiguiendo el consenso de la comunidad entre los diversos grupos de interés en el área de estudio”. Sin embargo, varios dueños de negocios aledaños a la Calle Ocho afirmaron, cuando se dio a conocer el proyecto, que no habían sido informados al respecto.
Fuente: DLA