MIAMI (AP) — La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó un emplazamiento que el gobierno argentino efectuó al Grupo Clarín a través de avisos publicitarios televisivos, y condenó que se deslegitime a la Corte Suprema de Justicia de ese país, que analiza un recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos de una ley que rige a los medios de comunicación.
«Deploramos que el gobierno use un spot para difundir propaganda política en la televisión pública con la intención de amenazar a un medio que no se apega a sus puntos de vista y para presionar a los jueces a emitir un resultado que le favorezca», expresó Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
El fallo de la Corte argentina sobre la Ley de Medios podría ser emitido a comienzos de diciembre.
En un comunicado de prensa difundido en lunes en la noche, Mohme dijo que la acción de las autoridades «se enmarca en las ya conocidas presiones lanzadas contra medios críticos y contra la Justicia para que falle a favor del gobierno en torno a la Ley de Medios», norma parcialmente suspendida por contrariar principios constitucionales.
Consideró asimismo que «también pone en entredicho la independencia sobre la que debe sostenerse el Poder Judicial en una democracia».
El Grupo Clarín, un detractor implacable de la presidenta Cristina Fernández, es dueño de 240 sistemas de cable, 10 estaciones de radio y cuatro canales de televisión, además de su diario insignia.
El sábado pasado fue transmitido un anuncio de cuatro minutos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que señaló que el próximo 7 de diciembre entrará en vigor un artículo de la Ley de Medios del 2009 que regula la cantidad de licencias permitidas para una empresa. El artículo obliga a los multimedios a que se desprendan o vendan sus permisos o licencias de operación en caso de que tengan más medios que los permitidos legalmente.
El anuncio oficial fue transmitido durante las pausas publicitarias de partidos de fútbol y carreras de automovilismo. Advirtió que si antes del 7 de diciembre el Grupo Clarín no reduce la cantidad de medios que tiene, «el Estado argentino se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares».
El Grupo Clarín presentó un recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Medios, cuya ejecución está en suspenso después que la Corte Suprema ratificó una serie de medidas cautelares.
Para responder a la advertencia gubernamental, Clarín afirmó en otro spot publicitario que el 7 de diciembre «no debe suceder nada ni jurídica ni fácticamente con los medios del grupo».
Si para esa fecha — que fue establecida por la Corte Suprema para dictar la sentencia– no hay un fallo, podrían prolongarse las medidas cautelares o se dispondría de un año, el plazo contemplado en la ley, para resolver la disposición, de acuerdo con la SIP.
Mohme, recordó también que en los últimos años la SIP ha «visto como el gobierno ha utilizado mecanismos para favorecer y castigar a medios a través de publicidad oficial y licencias de operatividad, entre otros métodos de censura indirecta».
La asamblea general de la SIP que se realizará en Sao Paulo, Brasil, entre el 12 y el 16 de octubre prestará especial importancia a la situación de la libertad de prensa en Argentina.
La SIP, cuya sede está en Miami, se dedica a defender y promover la libertad de prensa y expresión en el continente americano. Está integrada por más de 1.300 publicaciones de las Américas.
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En Internet: www.sipiapa.org
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