“Era una juez de primera instancia la que dicta sentencia. No hay que olvidar que en el Ecuador se disolvieron las cortes, se convocó a una consulta popular para designar un consejo de la judicatura transitorio que depende políticamente del régimen del presidente Correa, y es muy difícil que una juez de primera instancia que además están inmersos en un proceso de reorganización y de nuevos nombramientos, se mantenga independiente o distante de la influencia política del régimen”.
“Aparte de las incongruencias jurídicas y legales que tiene la sentencia, hay un evidente contagio de presión político”.
“La sentencia se apeló en el día de ayer, en el Ecuador existe una corte provincial de apelaciones, hacia allá irá el caso. En segundas instancia tenemos la posibilidad de incorporar las pruebas y después de eso funciona la corte nacional de justicia como tribunal de casación”.
“Yo creo que es tan disparatada la sentencia, tan absurda la pretensión jurídica del presidente y la posterior resolución de la jueza que en ninguna parte de la sentencia menciona el texto del libro, el párrafo o la página que ella haya leído y que ella pueda considerar que produce daño moral. Todo lo contrario, ella reconoce que el presidente no tiene los documentos que demuestren que sufrió afectación psicológica, angustia, depresión, daño, en fin, todo aquello que nuestro código civil configura como daño moral. Desconoce la veeduría ciudadana que el propio presidente armó para investigar la relación de su hermano con él y la relación contractual de su hermano con el estado al punto que dicen la veeduría no miente, la jueza en ninguna parte dice que la veeduría ciudadana que concluyó que le presidente sabía de los contratos de su hermano miente, lo que dice es no es una instancia oficial y por eso yo no le puedo dar crédito. Pero no hay que olvidar que las instancias oficiales de control en el Ecuador están todas manejadas políticamente por el gobierno”.
“La sentencia tiene tales contradicciones entre la parte considerativa y la resolución final, que no encontramos ninguna razón en la sentencia para poder sobre todo imponer una cantidad tan absurda de indemnización a los dos periodistas”.