Una nueva propuesta prevendría que las agencias de ley y orden de New Mexico hagan cumplir leyes federales de inmigración y convertiría a la entidad con el mayor porcentaje de residentes hispanos en un «estado santuario».
Bajo una propuesta de ley presentada por la representante estatal demócrata Patricia Roybal Caballero, los departamentos de policía y de alguaciles en New Mexico tendrían prohibido cooperar con agentes federales en la deportación de inmigrantes que vivan ilegalmente en el país.
Además, la medida prohibiría que las agencias de New México reciban «fondos, equipo, personal u otros recursos federales para el propósito de detectar o aprehender» a esos inmigrantes.
«Esta propuesta de ley se centra en proteger a nuestras familias inmigrantes trabajadoras y asegurarse de que nuestras agencias del orden se pueden concentrar en proteger a nuestras comunidades de los delitos violentos, en lugar de separar familias», dijo Roybal Caballero. «Ahora que tenemos una amenaza a los valores de nuestro estado en la Casa Blanca, debemos hacer todo lo posible para mantener a nuestras familias juntas y fuertes».
La propuesta se produce en momentos en que varias ciudades y pueblos en New Mexico se han declarado santuarios para inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Muchos activistas han presionado a ciudades y pueblos en ese sentido en medio de incertidumbre generada por la presidencia de Donald Trump.
El nuevo presidente prometió en su campaña construir un muro a lo largo de la frontera con México y crear una «fuerza de deportación».
Se espera que legislaturas estatales controladas por demócratas busquen medidas similares en desafío a Trump.
Pero la suerte de la legislación de estado santuario promovida por Roybal Caballero no está clara, incluso en New Mexico, donde los inmigrantes que se sospecha viven ilegalmente en el país pueden asistir a universidades estatales y solicitar becas del estado.
Los demócratas controlan ambas cámaras de la legislatura estatal, pero la gobernadora es republicana.
«Aunque no hemos revisado la legislación, la posición de la gobernadora en este asunto ha sido clara siempre», dijo Michael Lonergan, vocero de la gobernadora Susana Martinez.
Lonergan dijo que las opiniones de la gobernadora han sido formadas por más de 20 años como fiscal en un distrito fronterizo. «No se trata de inmigración — se trata de seguridad pública», dijo.
A las pocas semanas de asumir el cargo en el 2011, Martinez firmó una orden ejecutiva que rescindió el status santuario para inmigrantes que viven ilegalmente en el país y cometen delitos en New Mexico.
Roybal Caballero es la tesorera nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de derechos civiles de los hispanos más vieja en el país.
Fuente: Associated Press
