Una jueza federal dictaminó el martes que el ex representante republicano de Miami David Rivera violó la ley de financiación de campañas cuando canalizó $75,927 en fondos de campaña a un candidato político novato que se postulaba contra el probable contrincante demócrata de Rivera en el Distrito 26 de la Florida, y ordenó a Rivera que pague una multa de $456,000 por idear un plan que sabía que era ilegal.
En una orden mordaz, la jueza Marcia Cooke afirmó que las violaciones de Rivera fueron a sabiendas, intencionadas y perjudicaron al público. Señaló que Rivera tiene el dinero para pagar la multa y también emitió una orden judicial permanente para evitar que Rivera siga infringiendo la ley de financiación de campañas en el futuro, ya que continuó postulándose para las elecciones después de perder la contienda de 2012 por el Distrito 26 de la Florida ante el demócrata Joe García.
“La conducta ilegal de Rivera fue atroz”, escribió Cooke en su fallo. “Tal vez, ya que la Corte está prohibiendo a Rivera participar en una conducta ilegal similar en el futuro, ‘eso sea suficiente’ para convencer a Rivera – un ex congresista federal – de dejar de violar la ley”.
La sentencia fue el acontecimiento más reciente en una batalla legal de cuatro años entre Rivera y la Federal Election Commission, que comenzó en 2017 después de que la FEC lo demandara por el dinero no declarado que Rivera y Ana Alliegro, una consultora política del Partido Republicano, utilizaron en 2012 para apuntalar al candidato Justin Lamar Sternad contra García en las primarias demócratas.
“La Comisión solicitó una sanción civil de $456,000 que el tribunal de distrito concedió”, escribió la FEC en un comunicado de prensa respondiendo al caso.
En un mensaje de texto, Rivera dijo que la orden está “totalmente basada en mentiras, insinuaciones, rumores y noticias falsas”. El abogado de Rivera, Roy Kahn, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
LA PRIMERA SANCIÓN DE RIVERA EN ESTE CASO
Aunque Sternad y Alliegro fueron finalmente condenados por cargos penales por su papel en la maquinación, Rivera logró evitar el castigo penal. La multa del martes es la primera sanción que enfrenta Rivera por su participación en el ardid revelado en 2012 por el Miami Herald.
En 2018, Rivera se reivindicó después de que Cooke desestimara la demanda de la FEC basándose en un fallo judicial de 2018 en Utah que determinó que la ley citada por la agencia federal para presentar su caso contra Rivera era fatalmente defectuosa. Pero la FEC volvió a presentar la demanda en 2019.
Cooke fue designada jueza federal por el ex presidente George W. Bush en 2003. Anteriormente se desempeñó como inspectora general en jefe del ex gobernador Jeb Bush y luego como asistente del fiscal del Condado de Miami-Dade.
Craig Holman, experto en ética gubernamental y cabildero del grupo de análisis de inclinación izquierdista Public Citizen, dijo que es poco común que la FEC busque multas en los últimos años a menos que se trate de un caso sencillo.
“Los comisionados de ambos lados del pasillo deben haberse escandalizado por el registro de evidencias en este caso”, dijo Holman, quien una vez presentó una queja contra la Federal Home Loan Mortgage Corporation por actividad política ilegal que condujo a una multa de $3.8 millones de la FEC. El dinero recaudado por las multas de la FEC se destina al fondo general del gobierno de Estados Unidos.
“Desde 2006, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se ha esforzado por designar a miembros republicanos para la comisión que son muy reacios a hacer cumplir las leyes de financiación de campañas”, dijo Holman. “Es aún más raro que la agencia imponga una multa tan sustancial”.
El fallo judicial es el revés más reciente para el ex congresista salpicado de escándalos, que en su día fue copropietario de una casa con el senador de la Florida Marco Rubio cuando ambos formaban parte de la Legislatura de la Florida.
EL ESCÁNDALO VENEZOLANO DE RIVERA
Rivera también está bajo investigación del FBI por su contrato de $50 millones con PDVSA, una compañía petrolera propiedad del gobierno socialista de Venezuela. Sus negocios en Venezuela salieron a la luz cuando la filial estadounidense de PDVSA lo demandó por incumplimiento de contrato en 2020.
Rivera, un duro crítico de los regímenes socialistas de Cuba y Venezuela mientras ocupaba cargos de elección, recibió $15 millones como pago inicial por un contrato de tres meses y $50 millones a través de su empresa de consultoría, Interamerican Consulting Inc., según la demanda judicial presentada en un tribunal federal de Nueva York. La demanda afirmaba que Rivera fue contratado para mejorar la reputación de PDVSA en Estados Unidos en medio de un colapso económico en Venezuela.
El FBI está interesado en las actividades de Rivera porque no se registró como agente extranjero antes de trabajar para el gobierno venezolano.
Y el contrato de consultoría volvió a salir a relucir en el fallo judicial del martes. Cooke señaló que Rivera declaró un patrimonio neto de $1.5 millones en un formulario de declaración financiera de 2015 y que recibió un total de $15 millones de su contrato de $50 millones antes de que fuera cancelado.
Cooke escribió que el tribunal tenía la capacidad de imponer una multa de hasta $759,000 o el 1,000% de los $75,927 de contribuciones ilegales que hizo Rivera a la campaña de Sternad.
“La conducta ilegal de Rivera fue atroz”, escribió Cooke. “Además, existe el peligro de que la conducta de Rivera continúe. En primer lugar, como demuestran sus presentaciones en este caso, Rivera sigue negándose a asumir la responsabilidad de su conducta ilegal. Y, en segundo lugar, Rivera sigue postulándose para elecciones”.
Fuente: El Nuevo Herald