120 personas enfermas de sarampión en 14 estados de EEUU. Ese es el panorama hasta ahora. Lo que causa más alarma es que la mayoría son niños menores de un año, que son demasiado pequeños para ser vacunados.
El brote comenzó hace semanas en el parque de atracciones de Disneylandia en California. Pero el problema se agrava cuando cientos de padres en Estados Unidos eligen no vacunar a sus hijos, porque no lo consideran adecuado.
La legislación estadounidense ha aceptado tradicionalmente el rechazo a la inmunización por motivos «religiosos y filosóficos». Dentro del primer grupo se sitúan grupos como los amish -que, literalmente, viven como en el siglo XVIII, en carros tirados por caballos y sin electricidad-, los menonitas -algo más modernos- y los cristianos científicos.
Esas tres comunidades no llegan, juntas, al medio millón de miembros en un país de 316 millones de personas. Su peso demográfico es, así pues, irrelevante a efectos de vacunación, según se reseña en el diario español El Mundo.
El situación actual comenzó en la década de los noventa, a medida que cada vez más gente de izquierdas -que no se fía de las intenciones de las farmacéuticas-, y de derechas -que cree que la vacunación obligatoria es una injerencia del Estado en la vida privada- ha decidido poner el calendario en 1795, un año antes de que Edward Jenner vacunara por primera vez a un niño contra la viruela.
El punto de inflexión llegó en 1998, cuando el médico británico Andrew Wakefield publicó en la revista médica The Lancet -una de las más prestigiosas del mundo- un artículo sobre la supuesta relación entre la vacuna trivalente -que inmuniza contra el sarampión, las paperas y la rubeola- y el autismo y otras dolencias.
El artículo fue desmentido por la propia The Lancet en 2010, después de una investigación del diario The Sunday Times que demostró que no solo carecía de rigor científico, sino que Wakefield había violado los códigos éticos de los profesionales de la Medicina y que tenía intereses económicos en la investigación. Pero ya era demasiado tarde para frenar el movimiento de rechazo a las vacunas.
El oportunismo de los políticos ha hecho el resto. En las Primarias del Partido Demócrata de 2008, ni Hillary Clinton ni sobre todo Barack Obama quisieron respaldar abiertamente la obligatoriedad de las vacunas. Ahora, ambos la apoyan, aunque varios presidenciables republicanos en 2016 han decidido que las vacunas son peligrosas, o que su obligatoriedad es una violación de los derechos individuales.
Ése es el caso del ex gobernador de Texas, Rick Perry, del de New Jersey, Chris Christie, y del senador por Kentucky Rand Paul que, aunque es médico oftalmólogo, ha declarado esta semana que ha oído casos de niños que acabaron «con profundos desórdenes mentales por las vacunas».
Resultado: hoy Estados Unidos tiene un porcentaje de su población vacunada contra el sarampión inferior a, por ejemplo, Tanzania, según la Organización Mundial de la Salud. No es un caso único en el mundo industrializado. Aunque en tres de las 10 provincias que forman Canadá es obligatorio que los niños hayan recibido una serie de vacunas para que sean admitidos al sistema escolar, la Constitución de ese país establece salvaguardas para los padres que no quieran que sus hijos estén inmunizados.
Mientras la epidemia de sarampión sigue extendiéndose y amenaza la vida de más de cien niños, los enemigos de la vacunación no se rinden. Los cines de EEUU están proyectando estos días el documental Trace Amounts, sobre los presuntamente nefastos efectos de estos procedimientos médicos.
Por ahora, pocos parecen haber cambiado de opinión a pesar de lo que dijo hace dos semanas Melinda Gates, la esposa del empresario y filántropo Bill Gates: «Hemos olvidado cómo se moría la gente de sarampión. Hemos olvidado aquellos azotes. Pero en África las madres conocen lo que es la muerte de sus hijos, y están dispuestas a caminar 10 kilómetros para llevarlos a que se vacunen. Tenemos una suerte increíble de tener esta tecnología. Tenemos que usarla».