LA PAZ, Bolivia (AP) — Miles de vecinos protestaron el miércoles en las puertas de la embajada de Estados Unidos en La Paz en rechazo a la negativa de Washington de extraditar a un ex presidente boliviano acusado de la muerte de 67 manifestantes en 2003.
Lisiados y familiares de las víctimas encabezaron la protesta y a ella se sumaron al menos unos 10.000 vecinos de la ciudad de El Alto donde ocurrieron las muertes.
Unos 300 policías tendieron un cordón humano para proteger la sede diplomática cuyas puertas estaban cerradas. No se registraron incidentes. Los manifestantes coreaban «¡Extradición!» y lanzaban petardos a la fachada de la sede diplomática. Tras un plantón de media hora se retiraron.
La protesta fue organizada por víctimas y familiares de la revuelta popular de octubre de 2003 que obligó al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar y refugiarse en Estados Unidos tras las muertes.
La columna, que caminó unos 12 kilómetros, provocó caos en el tráfico del mediodía.
«Todavía seguimos esperamos la extradición de Sánchez de Lozada», dijo a la AP Alfredo Castaño, quien marchó con muletas. Una bala le destrozó la pierna derecha en las protestas de 2003.
El gobierno de Sánchez de Lozada envió tropas del ejército aquella vez para abrir avenidas y rutas que habían sido tomadas por varias días, lo que provocó desabastecimiento de combustibles en la capital. Las protestas exigían el rechazo a un proyecto de exportar gas natural por puertos chilenos. El país vivía una crisis política.
En septiembre pasado el Departamento de Estado comunicó al gobierno boliviano la negativa a la extradición alegando que la sociedad civil no puede ser responsable de acciones militares, según informaron autoridades locales.
En 2005 la Corte Suprema inició un juicio por genocidio y otros delitos a Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), sus 17 ministros y los cinco jefes de la cúpula militar de entonces, pero el proceso quedó interrumpido para los ausentes quienes fueron declarados en rebeldía.
Cinco generales fueron sentenciados hace 14 meses a penas de entre 10 y 15 años de prisión por haber ejecutado la represión mientras que los dos únicos ex ministros que afrontaron el juicio recibieron una sentencia de dos años y se acogieron a un indulto.
Sánchez de Lozada nunca dio declaraciones tras su salida de Bolivia. Sus abogados en Estados Unidos dijeron que el juicio era político cuando se presentó la querella.
Las relaciones diplomáticas entre La Paz y Washington están en entredicho desde que el presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense y a la agencia antidroga DEA a finales de 2008 por supuesta intromisión en asuntos de Bolivia.
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