La Legislatura de Miami aprobó tres resoluciones en contra de varios proyectos antiinmigrantes sometidos al Congreso estatal que criminalizan a los indocumentados, limitan la ayuda oficial a sus familias y castigan a las jurisdicciones que actúan como «santuario».
«Creo que estas resoluciones mandan un mensaje claro a la Legislatura estatal, que cuando se trata de inmigración no están haciendo lo correcto», expresó Julio Calderón, de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
Las iniciativas fueron presentadas por los comisionados del condado Miami-Dade, Jean Monestime y Daniella Levine Cava, en rechazo a seis proyectos presentados por cinco representantes a la Cámara y senadores republicanos de Florida.
Calderón aplaudió que los comisionados «se han dado cuenta de la necesidad de mantener las familias unidas», además del costo que representa para las ciudades el encarcelamiento de los indocumentados.
Los comisionados votaron específicamente en contra de los proyectos SB-872 y HB-675, que buscan forzar a las autoridades locales cooperar con las autoridades migratorias federales, en niveles que aún no son obligatorios y que además carecen de apoyo financiero de la nación.
Estas medidas están dirigidas a prohibirle a las jurisdicciones las «políticas de santuario», que establecen restricciones en la transferencia de información sobre estatus migratorio de las personas.
La Legislatura envió «un mensaje fuerte a los legisladores estatales diciendo que el condado más grande y diverso en Florida no apoyará ningún ley dura que podría amenazar a las familias y los trabajadores inmigrantes», aseguró Francesca Menes, directiva de FLIC.
Una de las leyes, las SB-118, castiga hasta con 30 años de prisión y una multa de 10.000 dólares a los inmigrantes que tienen una orden de deportación y permanecen en el estado.
Los comisionados señalaron que no apoyarán leyes que obligan a la policía, los gobiernos locales y los distritos escolares a implementar las leyes de inmigración.
De igual forma rechazaron la HB-9, una iniciativa del representante hispano Carlos Trujillo que plantea castigar con hasta cinco años de cárcel a aquellos indocumentados que regresen a Florida tras ser deportados.
Los otros dos proyectos de ley, HB-563 y SB-750, limitarían la asistencia estatal a las familias de bajos ingresos que incluyen un inmigrante indocumentado.