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Más de 100 mujeres tras las rejas en Venezuela por motivos políticos: activista denuncia miedo, silencio y tortura

por actualidad

En Venezuela, ser mujer y opositora al régimen de Nicolás Maduro representa una doble condena, según denunció la activista y defensora de derechos humanos conocida como Gaby Buada. En una entrevista con Marián De la Fuente en Actualidad Radio, reveló la trágica y silenciada realidad de más de un centenar de mujeres que, asegura, permanecen secuestradas por el régimen, encarceladas en condiciones infrahumanas, aisladas, enfermas y sin acceso a justicia. Muchas de ellas, añadió, ni siquiera figuran en cifras oficiales por el temor de sus familiares a denunciar y sufrir represalias.

“En Venezuela existe una ley para proteger a la mujer contra la violencia, pero es letra muerta. No hay atención diferenciada por género, ni siquiera para quienes sufren violaciones en prisión”, aseguró Gaby. Detalló que en los seis centros penitenciarios mixtos del país y en la única cárcel exclusivamente femenina, las mujeres enfrentan hacinamiento crítico, abandono médico y condiciones nulas para atender su salud sexual y reproductiva. “Llevar productos básicos como toallas sanitarias o medicinas se convierte en una odisea”, denunció la activista.

Uno de los casos más alarmantes expuestos fue el de la activista Rocío San Miguel, detenida a inicios del 2024 mientras intentaba salir de Venezuela con su hija. Desde entonces, su paradero y condición han estado rodeados de opacidad. Gaby explicó que fotografías oficiales filtradas mostraron un deterioro evidente en la salud de San Miguel, sin que hasta ahora se le haya permitido recibir atención médica especializada ni la posibilidad de un arresto domiciliario. “Solo su hija puede verla. Los abogados han sido marginados del proceso, y la audiencia del 23 de mayo fue suspendida sin explicación”, detalló.

Ante esta tragedia, la activista hizo un llamado urgente a la comunidad internacional: “Ya hay suficientes pruebas, informes y testimonios. La Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas y hasta el Vaticano deben alzar la voz. No podemos seguir permitiendo que estas mujeres mueran en silencio”.

 

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