La directora de Archivo Cuba, María Werlau, denunció que las supuestas reformas en las brigadas internacionales cubanas son cosméticas y no alteran el rígido sistema de control estatal sobre los trabajadores. Según sus investigaciones, incluso cuando se implementa el pago directo a los profesionales, el régimen de La Habana mantiene mecanismos para obligarlos a transferir gran parte de sus ingresos al Estado.
Fraude y falta de transparencia Werlau reveló irregularidades graves en la composición de estas misiones:
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Personal no calificado: Indicó que se envían contingentes que incluyen camilleros o personal sin formación sanitaria, pero que son facturados a los países receptores como médicos especialistas.
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Trazabilidad de fondos: Alertó que recursos destinados a ayuda humanitaria —incluyendo fondos vinculados a EE. UU.— terminan financiando indirectamente estos acuerdos con el régimen cubano.
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Trata de personas: La investigadora recordó que desde el año 2000 existe legislación en EE. UU. para combatir estas prácticas, y que desde 2011 los informes del Congreso documentan consistentemente estas condiciones de servidumbre.
«La comunidad internacional tiene las herramientas legales para actuar contra este esquema de exportación de servicios, pero hace falta voluntad política para aplicarlas», sentenció Werlau, subrayando que el modelo se extiende más allá de la salud, alcanzando sectores como el educativo y el marítimo.