Esta semana se cumplieron 120 días desde que Nicolás Maduro, en una polémica movida que la oposición calificó de inconstitucional, decretara por primera vez una figura del Estado de Excepción.
Maduro justifica la permanencia del estado de emergencia debido a la situación económica y de seguridad que vive el país, que según él son «causadas por fuerzas extranjeras» que supuestamente buscan derrocarlo.
«He decidido aprobar un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que me dé el poder suficiente para derrocar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento», dijo.
Maduro no dio detalles de si la nueva medida implica la restricción de otras garantías constitucionales que hacen parte del Estado de Excepción, como el derecho al libre tránsito, las inspecciones domicilarias sin orden judicial, la prohibición de reuniones públicas o la suspensión del porte de armas.
Según la Constitución, el estado de emergencia da facultades extraordinarias el presidente para limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas que hagan falta para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.
Oposición
En teoría, decretos como el propuesto este viernes por Maduro deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de entrar en vigor.
Sin embargo, desde que la Asamblea inauguró un nuevo periodo parlamentario en enero con una mayoría opositora por primera vez en 17 años, todas las propuestas controvertidas salidas del Congreso han sido bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia, al que los críticos consideran un aliado del Ejecutivo.
La oposición, que adelanta una iniciativa de referendo revocatorio y saldrá a protestar este sábado en Caracas, dice que Maduro «pasa por encima de la Constitución» en busca de no ceder «una gota» de poder.
Aunque Maduro tiene una aprobación del 20%, la mayoría de los venezolanos no cree en la teoría de la guerra económica y apoya un cambio de gobierno, según insinúan diferentes encuestas.
«Muchos en la oposición creen que estas medidas buscan generar miedo en los ciudadanos que quieren salir a la calle a protestar en contra del gobierno», señaló el corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Daniel Pardo.
Este año la crisis económica que ya era fuerte se agravó, alargando las colas para comprar productos, disparando la inflación y exacerbando la recesión.
A esto se sumó la formalización del racionamiento de electricidad y agua en todo el país, problemáticas que han profundizado el descontento en general.
«Fuerzas extranjeras»
En referencia a la suspensión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Maduro ha insistido esta semana que «las mismas fuerzas que dieron un golpe de Estado en Brasil» buscan derrocarlo a él.
«Hay un gran objetivo de desintegrar los logros de nuestra América», dijo durante la alocución de este viernes.
Por ese motivo, expresó, decidió llamar a consultas al embajador de Venezuela en Brasil, Alberto Castelar.
También señaló al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de haber «solicitado la intervención de Venezuela por ejércitos extranjeros» desde Washington, EE.UU.
Algunos funcionarios del gobierno dijeron en estos días tener información del desarrollo de un próximo intento de golpe de Estado, pero no dieron más detalles.
Fuente: BBC Mundo
