La Justicia de Brasil ratificó y amplió la condena a Lula da Silva por el caso Atibaia y quedó más cerca de volver a prisión

Una corte brasileña comprometió el miércoles la situación judicial del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al ratificar una condena en su contra por corrupción y lavado de dinero.

En una decisión unánime, los tres jueces del tribunal regional de la cuarta región, en Porto Alegre, confirmaron la sentencia por haberse beneficiado de reformas en una finca en Atibaia, Sao Paulo, presuntamente pagadas por las empresas constructoras Odebrecht y OAS.

Según la justicia, las empresas habrían mejorado el inmueble frecuentado por Lula con obras por cerca de 250 mil dólares a cambio de contratos con la petrolera Petrobras.

En febrero Lula había sido condenado a 12 años y 11 meses de prisión por una jueza de primera instancia. Pese a que la defensa de Lula había pedido la anulación de la condena amparada en un reciente fallo del Supremo Tribunal, los magistrados confirmaron los delitos y además decidieron elevar la pena a 17 años y un mes de prisión.

El fallo de este miércoles, proferido en segunda instancia, no afectará la situación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores, quien recuperó la libertad el 8 de noviembre. Sin embargo, es un paso más hacia la eventual confirmación definitiva de la condena que lo podría conducir nuevamente a la cárcel.

El político de 74 años, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó Brasil entre 2003 y 2016, ha negado haber cometido algún tipo de delito, y dice ser víctima de persecución política.

“Voy a vencer en cada proceso contra mí desenmascarando sus mentiras. Mi inocencia está probada. Ellos no tienen pruebas, tienen una tesis: Lula no puede permanecer libre”, tuiteó el ex presidente mientras el primero de los jueces emitía su voto.

Lula no concurrió al juzgado y acompañó la sesión desde Sao Paulo.

El ex presidente fue liberado recientemente tras de haber cumplido un año y siete meses de prisión en Curitiba por otro proceso por corrupción, beneficiado por un fallo de la Corte que determinó que un reo sólo puede ser condenado una vez que se agoten todas las instancias de apelación.

Por MARCELO SILVA DE SOUSA (AP)