El pleno del Parlamento Europeo debatirá esta martes sobre el polémico encuentro mantenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por Delcy Rodríguez, la número dos de Nicolás Maduro, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hace unas semanas. La cuestión no estaba en la agenda, pero la insistencia de Ciudadanos y los votos del PP y del Partido Popular Europeo, así como de Vox y su grupo ECR, han logrado introducir la cuestión en la agenda.
La semana pasada, la Conferencia de Presidentes, de la que forman parte los líderes de cada gran familia de la Eurocámara, rechazó la petición del eurodiputado Jordi Cañas argumentando que ya había demasiadas cuestiones sobre la mesa para esta sesión plenaria. Pero éste no se ha rendido y, este lunes, la modificación del orden del día ha salido adelante con 189 votos a favor, 159 en contra y 10 abstenciones. El debate tendrá lugar este martes por la tarde en Estrasburgo.
La cuestión es esencialmente nacional. Que haya o no debate en el pleno de la Eurocámara tiene visibilidad, genera repercusión y puede usarse como arma arrojadiza, pero en principio no tiene ninguna consecuencia práctica. La Comisión Europea ha dejado claro que no tiene papel alguno en esta crisis, toda vez que corresponde a los Estados miembros la implementación y la supervisión de la aplicación de las sanciones.
Y sus portavoces han dicho en numerosas ocasiones que no les corresponde ni pedir formalmente ninguna explicación a España ni hay mecanismos para actuar, incluso si está muy claro que alguien como Rodríguez, que no puede entrar en la UE, pisó el aeropuerto de Barajas. Desde el Consejo la posición es muy similar, y hasta hoy la conclusión es que no ha habido violaciones.
La Eurocámara, sin embargo, se presta a debates de corte político. Cañas, en su petición este lunes, antes del pleno, ha explicado que la propuesta de debate busca que «la Comisión y el Consejo informen de la explicaciones recibidas del Gobierno y digan si las consideran suficientes o no», a pesar de que por lo menos hasta la fecha eso haya quedado zanjado por ambas instituciones, oficial u oficiosamente.
Cañas ha asegurado que la «pasividad de los 27 ante el incumplimiento de las sanciones por parte de un Estado miembro», puede convertir a Europa en un «hazmerreír internacional», pero en Bruselas hay poco apetito por ir a más.
El enfrentamiento ha adquirido en las últimas semanas un color netamente patrio, con Cs y el PP por un lado y el PSOE por el otro. «No nos parece de recibir usar esta Cámara como trinchera para atacar al Gobierno español. Su petición se corresponde a intereses partidistas; la oposición se hace en el Congreso de los Diputados, no en esta cámara», le ha replicado en el pleno Javier Moreno, el responsable de la delegación socialista española.
Su grupo ha hecho lo posible para impedir el debate, consciente de que de una forma u otra da una dimensión europea al tema, pero ha fracasado. «La Comisión ha retirado varias veces que las sanciones las aplican los Estados miembro, no veo que este Parlamento puede aportar a esa situación sino para sus intereses partidistas», ha insistido en vano Moreno antes de perder la votación.
Los populares han celebrado el resultado y se ha querido apuntar el tanto también, afirmando que «el PP ha conseguido hoy con sus votos que el caso Delcy Rodriguez sea debatido en la sesión plenaria que el Parlamento Europeo celebra esta semana en Estrasburgo» y «el voto a favor del PP y del Grupo del Partido Popular Europeo ha sido decisivo».
Su jefa de filas, Dolors Montserrat, ha criticado que los eurodiputados del PSOE y de Unidas Podemos hayan votado en contra. «Los eurodiputados de los partidos del Gobierno de coalición se han puesto del lado de un régimen que viola derechos humanos y libertades, y esta vez lo han hecho además pese a saber que se han incumplido las sanciones europeas contra ese régimen. Unas sanciones que el gobierno de Sánchez tendría que hacer cumplir», ha señalado.
Los diputados de Podemos e IU mantienen sistemáticamente una posición crítica a la posición de la Eurocámara respecto a Venezuela, que consideran contraproducente para lograr una salida a la situación actual.
Por eso votan en contra de las resoluciones que piden sanciones o el reconocimiento de Juan Guaidó. En la votación de este lunes para el cambio de agenda no había representantes de IU. Ernest Urtasun y Maria Eugenia Rodríguez Palop, de UP, han votado en contra. Tres diputados de Vox lo han hecho a favor.
Los grupos políticos saben bien que el conocimiento de las dinámicas europeas, de las instituciones y sus atribuciones es muy limitado, y por eso juegan con los mecanismos reglamentarios para poder generar sensaciones entre sus votantes nacionales que a menudo no se corresponden con la realidad.
Sobre el papel, la implicación o las posibles repercusiones, jurídicas o políticas, de un debate en el pleno, de una resolución o de una investigación, como se hace muy a menudo en comisiones como la de Peticiones. La propia Eurocámara responde también a ese tipo de dinámicas.
Hay interés genuino en algunos grupos o partidos continentales por saber lo que pasó en Barajas, o si hubo una violación del régimen de sanciones. Pero en la mayoría de estos casos, el recorrido es muy limitado y un debate, de los muchos que tienen lugar en cada sesión plenaria en Estrasburgo, queda sólo en eso. Un intercambio de golpes más o menos exitoso.
Fuente: ElMundo.es