La Corte Suprema de Justicia de EEUU dio el visto bueno a la polémica regla de “carga pública” con la que el gobierno de Donald Trump quiere condicionar el otorgamiento de beneficios migratorios a inmigrantes que tengan la posibilidad de requerir asistencia gubernamental en el futuro.
El voto de los magistrados fue de 5 a 4, con lo que el gobierno puede superar el bloqueo a la aplicación de la regla que habían establecido cortes inferiores. Los cuatro magistrados considerados liberales votaron en contra y los conservadores a favor.
La corte levantó así la prohibición que había establecido un juez de distrito de Nueva York, George B. Daniels. Las reglas fueron propuesta en octubre del año pasado por el gobierno pero por esta decisión estaba impedido de ponerla en práctica hasta ahora.
De esta manera, el gobierno puede empezar a aplicar las nuevas normas, mientras la Corte Suprema sigue analizando el fondo del caso. 14 estados, encabezados por California demandaron al gobierno, junto con varias organizaciones de defensa de derechos humanos, por considerar que altera el «consenso de más de un siglo» y habían pedido que el status quo se mantuviera a la espera de la decisión final.
«(Permitir las nuevas reglas) inyectará confusión e incertidumbre a la inmigración (…) y detendrá potencialmente a millones de residentes no ciudadanos en las jurisdicciones en demanda acceder a beneficios públicos a las que legalmente tienen derecho de acceder», dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James en un escrito enviado a la Corte Suprema.
La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, porque no tiene carácter retroactivo.
Con la medida se podrá negar a solicitantes de residencia legal permanente (green card) y otros beneficios de inmigración, como ciudadanía, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.
“No debemos tener miedo”
Los expertos en reglas migratorias dicen que el cambio en la noción de lo que es carga pública podría reducir drásticamente la inmigración legal basada lazos familiares, particularmente desde México y Centroamérica, países que por estar en vías de desarrollo, poseen ingresos mucho más bajos que aquellos desarrollados o con economías más sólidas.
El National Immigration Law Center (NILC) dijo que el fallo de la Corte Suprema es “un duro golpe” para la comunidad inmigrante, “pero no debemos tener miedo” a la hora de iniciar un trámite de residencia o para “convertirnos en ciudadanos de Estados Unidos”.
“La regla anunciada por el gobierno de Donald Trump y que se encontraba detenida por fallos judiciales, no afecta a la gran mayoría de los inmigrantes que cumplen con los requisitos para convertirse en residentes legales permanentes”, dijo Álvaro Huerta, integrante del grupo de abogados del NILC.
Huerta dijo además que “la regla de carga pública de Trump no constituye todo el requisito para que el gobierno apruebe una petición de residencia, sino sólo un porcentaje de la totalidad de pruebas, entre ellas demostrar que no se convertirá en una carga pública”.
“Tampoco sabemos por ahora si la regla será temporal o permanente”, agregó.
Busque asesoría
A la pregunta respecto a qué hacer en el caso que un inmigrante no tenga la seguridad de iniciar un trámite de residencia por haber usado ayuda legal disponible del gobierno, Huerta dijo que “antes de dar un paso pisa consejo legal. Y no envíe nada hasta que un abogado le informe las consecuencias migratorias que podría tener su expediente”.
“Pero como le dije, estimamos que la regla no afectará a la gran mayoría de extranjeros que reúnen los requisitos para pedir la residencia o la ciudadanía. No todo el mundo aplica y recibe Medicaid o Plan 8 (para el pago de la vivienda)”, indicó.
NILC dijo además que la nueva regla del gobierno está diseñada copn el propósito de “infundir miedo” y afectar principalmente a personas de bajos recursos, o que “por su edad el gobierno puede considerar que se convertirán en carga pública”.
Lo que no debemos olvidar es que, para tomar una decisión, el gobierno deberá considerar la totalidad de las pruebas o evidencias presentadas y no solo la regla de carga publica para adjudicar un caso”, precisó Huerta.
Medida “anti-pobre”
La norma, anunciada en octubre del año pasado, establece un nuevo protocolo para determinar a qué extranjero el gobierno le aprobará o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente, y una extensión de visa, y para ello tendrá en cuenta si existe o no la amenaza de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
También otorga más poder a los agentes de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para decidir la prórroga de una estadía y, en caso de una respuesta negativa, enviar al extranjero una Notificación de Comparecencia (NTA) para que se presente ante una corte de inmigración donde deberá batallar para no ser deportado de Estados Unidos.
“Nosotros pensamos que debemos combatir el lenguaje de esta medida con verdad, y decirle a las personas que deben asegurarse si están o no afectados por la carga pública. Y si lo están, no actuar hasta no tener asesoría legal”, añadió.
“En NILC pensamos que somos fuertes y no vamos a permitir que el gobierno nos amedrente”, puntualizó.
Luz verde temporal
Para Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York, el máximo tribunal de justicia “dio luz verde temporal a una regla del gobierno de Trump que aumentará dramáticamente el número de inmigrantes que pueden ser considerados no elegibles para las tarjetas verdes (green card o residencia) en función de su uso de ciertos servicios gubernamentales”.
“La regla de «carga pública», como se la conoce, ahora puede entrar en vigencia. La Corte Suprema revocó una orden judicial de un tribunal inferior que había detenido temporalmente la norma”, agregó.
Yale-Loehr dijo además que “según la política anterior, los ciudadanos extranjeros que utilizaron beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid no se consideraron cargos públicos. Pero una regla publicada por la administración Trump en octubre cambia la definición de carga pública para incluir esos y otros programas de beneficios no monetarios”.
Durante el período de comentario publico abierto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno recibió más de 266,000 comentarios, “la mayoría de ellos opuestos a los cambios propuestos. A pesar de esos comentarios, el DHS publicó una regla final muy similar en agosto pasado”, dijo Yale.
Citando un estudio del Instituto Urbano de julio de 2019, Yale-Loehr dijo que la muestra halló que uno de cada siete adultos en familias inmigrantes “indicaron que ellos u otros miembros de la familia no participaron en un programa de beneficios gubernamentales no monetarios en 2018 por temor a arriesgar el estado de la tarjeta verde en el futuro”.
Fuente: Univision
