Al rechazar las apelaciones de la defensa, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) ratificó este jueves la orden de prisión preventiva a seis procesados por corrupción en la causa titulada “Sobornos 2012-2016”, incluidos el ex presidente Rafael Correa y su vicepresidente Jorge Glas.
La diligencia se reinstaló este jueves con la apelación presentada por el abogado de Glas, Harrison Salcedo. Según la defensa, la prisión preventiva para su cliente era una medida cautelar que no correspondía, pues Glas ya mantiene una sentencia en firme de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita y estaba en todo momento a la disposición de las autoridades, explicó el diario ecuatoriano El Universo.
Durante la audiencia del jueves, donde también hicieron uso de la réplica las defensas de Correa y de los ex funcionarios Vinicio Alvarado, Walter Solís, Yamil Massuh y Cai Runguo, el fiscal subrogante Wilson Toainga argumentó que la solicitud de detención preventiva por parte de la fiscalía y la aceptación de la medida por parte de la jueza que lleva el caso cumplen con los parámetros de “convencionalidad, constitucionalidad y legalidad”.
Una de las pruebas contra los acusados fue aportada por Pamela Martínez, ex asesora de Correa, quien dijo en una audiencia realizada en agosto que recibió y entregó dinero en efectivo de parte de empresas que aportaron recursos para el partido político Alianza País y que el ex mandatario sabía de esos aportes.
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Correa está requerido por la justicia por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado. El ex mandatario reside actualmente en Bélgica y gracias a ello ha logrado evadir otras causas de supuesta corrupción.
La jueza nacional Daniella Camacho pidió la prisión preventiva en agosto ratificando la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y por tanto “no arbitraria”.
Salazar investiga la trama denominada “Sobornos 2012-2016” (antes “Arroz verde”), en la que están presuntamente implicados otros altos ex colaboradores del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta 2017.
En el caso del ex presidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.
Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.
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Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.
En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario ecuatoriano.
Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht, aunque ha recurrido la sentencia y el próximo 11 de septiembre se abrirá el proceso.
Otros vinculados en el caso “Sobornos 2012-2016” son el ex secretario del Agua Walter Solís, y el que fuera secretario de la Administración Vinicio Alvarado, además del antiguo asesor ministerial Yamil Massuh.
A todos ellos se aplicó la prisión preventiva, en tanto que la jueza seguía la sesión sobre otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.
El caso se inició a raíz de la publicación por dos medios digitales locales de una supuesta trama de corrupción acuñada “Arroz Verde” y que analizó la presunta financiación irregular del movimiento político AP cuando era liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.
Con información de EFE
Fuente: Infobae