En un desarrollo legal que ha capturado la atención de la comunidad empresarial y política de Miami, se han desvelado nuevos detalles sobre la demanda legal presentada contra la Ciudad de Miami por parte de empresarios que ganaron un pleito multimillonario en contra del Comisionado Joe Carollo.
La demanda, que ha sacudido los cimientos del gobierno municipal, alega el uso indebido de recursos públicos y una serie de acciones encaminadas a perjudicar los negocios de los demandantes durante años.
Los demandantes continúan en una lucha incansable por obtener al menos una parte de los 63 millones de dólares que les fue otorgado por un jurado en el juicio contra Joe Carollo. Su argumento se basa en evidencias que apuntan hacia la administración y los empleados de más alto rango de la ciudad, lo que ha llevado a esta demanda que sacude los cimientos de la política local.
Según las revelaciones de los demandantes, los empleados municipales de alto rango presuntamente llevaron a cabo represalias contra empresarios que no respaldaban al comisionado Joe Carollo. En un extenso documento de 124 páginas presentado ante el juez, los demandantes detallan cómo, a lo largo del «reinado de terror» de Carollo, se crearon listas negras con el único propósito de tomar represalias contra las propiedades de los demandantes.
Los nombres de figuras clave en la administración municipal, como el administrador de la ciudad, Art Noriega, y la abogada de la ciudad, Victoria Méndez, han surgido en el contexto de estas acusaciones. Según los demandantes, Noriega es señalado como uno de los principales artífices de las represalias políticas perpetradas por Carollo, mientras que Méndez es comparada metafóricamente con la infame «viuda negra» del cártel de Medellín, Griselda Blanco Restrepo. El abogado de los demandantes, Bil Fuler y Martin Pinilla, explican que estas comparaciones evidencian el papel central de estos individuos en la presunta orquestación de abusos y el uso del gobierno municipal como un arma contra los negocios.
Por su parte, el Comisionado Joe Carollo ha rechazado las acusaciones, calificando la demanda como un intento de extorsión para obtener dinero. En sus declaraciones, Carollo insinúa que los demandantes buscan sobornar a los miembros de la comisión para obtener un acuerdo favorable.
En medio de este escenario legal tenso, se ha programado una reunión crucial para el próximo 14 de marzo entre los comisionados, los abogados y la administración de la ciudad para discutir posibles estrategias de defensa o un acuerdo en esta demanda. Cabe destacar que cualquier arreglo debe contar con la aprobación de la mayoría de la comisión municipal, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre a este caso que ha capturado la atención de toda la ciudadanía de Miami.
