Las autoridades «abrieron una investigación penal sobre los hechos a los cuales se refieren los Panamá Papers», escribe el fiscal federal del estado de Nueva York, Preet Bharara en una carta dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que contribuyó a la publicación de la filtración masiva.
Bharara solicita, además, poder mantener una reunión «tan pronto como sea posible» con algún representante del ICIJ «involucrado en el proyecto» de los Panamá Papes para hablar acerca de la investigación.
La filtración abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos, varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.
Cuando estalló el escándalo a comienzos de abril, el presidente estadounidense, Barack Obama, llamó al Congreso a reformar el sistema tributario con el fin de eliminar los vacíos legales que permiten evadir el pago de impuestos. Las normas impositivas «son tan permisivas que si la gente tiene suficientes abogados y suficientes contadores, pueden eludir sus responsabilidades», constató el mandatario.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la ONU han creado una plataforma para intensificar su cooperación en la lucha contra la evasión fiscal.
Durante la asamblea de primavera del FMI y el BM de la pasada semana, los líderes participantes reconocieron la urgencia de aumentar la coordinación internacional en esta materia.
Además, el G-20 (países emergentes y avanzados) incluyó en su comunicado final, tras la reunión ministerial que celebró durante la reunión, la necesidad de revelar y compartir la identidad de los propietarios reales de sociedades en paraísos fiscales.
Fuente: Infobae.com
