Una jueza federal escuchó argumentos el jueves sobre si el fiscal general de Florida debería ser considerado en desacato o sancionado por no atender la orden que ella emitió, la cual prohíbe la aplicación de una nueva ley del estado que convierte en un delito menor el que las personas que están en Estados Unidos sin permiso ingresen a Florida.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams no tomó una decisión inmediata tras una audiencia judicial de casi dos horas. El fiscal general James Uthmeier no asistió a la sesión judicial en Miami.
Williams había especificado en un fallo el mes pasado que su orden de restricción temporal para no hacer valer la ley de Florida era aplicable a todas las agencias policiales del estado. Posteriormente hizo notar que había una probabilidad considerable de que la ley de Florida fuera declarada inconstitucional.
Pero Uthmeier envió una carta el 23 de abril a las agencias policiales del estado, en la cual les decía que no podía impedir que los agentes hicieran respetar la ley “donde no existe una orden judicial que les impida propiamente hacerlo”.
“Según se establece en el escrito que mi oficina presentó hoy, es mi opinión que ninguna orden jurídica y legítima impide actualmente que sus agencias continúen aplicando las nuevas leyes de Florida sobre entrada y reingreso ilegal”, señaló el fiscal general del estado en la misiva.
Docenas de personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, han sido arrestadas con base en la ley. Uthmeier apeló la orden de la jueza ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta. Uthmeier, exjefe de despacho de Ron DeSantis, fue nombrado para el cargo por el gobernador republicano después de que la entonces fiscal general del estado, Ashley Moody, fuera elegida para ocupar el escaño del Senado federal que dejó vacante Marco Rubio, quien fue nominado para ser secretario de Estado del presidente Donald Trump.
En documentos judiciales, Uthmeier dijo que, en la carta del 23 de abril, simplemente les notificó a las agencias policiales locales que había presentado un escrito judicial donde sostenía una opinión jurídica en desacuerdo con la orden de la jueza. Había obedecido la orden de la jueza al notificarles a dichas agencias en una misiva del 18 de abril que no podían aplicar la ley mientras el caso judicial se desenvolvía en la corte, según documentos que Uthmeier presentó en el tribunal.
“No hay bases para el desacato ni las sanciones”, declaró Uthmeier. “Interpretar una orden para prohibir que un fiscal general del estado discrepe de una orden federal —mientras la cumple— también sería una afirmación extraordinaria y sin precedentes del poder judicial federal, e implica graves preocupaciones constitucionales”.
Pero los abogados de un grupo que aboga por los derechos de los inmigrantes, que impugnaron la ley de Florida, dijeron que era inaceptable que la carta enviada el 23 de abril por el fiscal general del estado “alentara arrestos que él entendía plenamente que estaban específicamente prohibidos”.
Incluso si los argumentos de Uthmeier se toman al pie de la letra, es decir, si se acepta que simplemente expresaba su posición jurídica, el funcionario no ha hecho nada para aclarar la confusión a pesar de haber tenido amplias oportunidades, dijeron los abogados de los grupos defensores de los inmigrantes. Señalaron que las opciones que la jueza podría sopesar incluyen sanciones financieras y remitir la conducta de Uthmeier al Colegio de Abogados de Florida para que establezca procedimientos disciplinarios, o a las autoridades federales para que sea enjuiciado.
“Considerada objetivamente y en el contexto de la carta anterior, la segunda misiva del fiscal general claramente socavó el aviso que se le ordenó proporcionar, e invitó a efectuar arrestos que él sabía serían violaciones de la orden de este tribunal”, dijeron los abogados que defienden los derechos de los inmigrantes en documentos judiciales. “Eso es un desacato por antonomasia al tribunal”.
Fuente: DAVID FISCHER y MIKE SCHNEIDER Associated Press