Una jueza federal en Florida quiere que el equipo legal de los grupos defensores de los derechos civiles y los abogados federales y del estado Florida se reúnan el próximo mes para llegar a un acuerdo en una demanda sobre si los inmigrantes detenidos en una prisión conocida como «Alcatraz de los Caimanes» reciben acceso adecuado a representación legal.
Durante una audiencia de estatus celebrada el lunes, la jueza Sheri Polster Chappell programó una conferencia para el 16 y 17 de diciembre en su sala de audiencias en Fort Myers.
«Creo que estamos más cerca de lo que estábamos antes en muchos de los temas», señaló la jueza. «Y pienso que las partes pueden sentarse a la mesa y llegar de forma razonable a algunos acuerdos que no van a ser excesivamente onerosos para los demandados, pero que también permitirán a los demandantes obtener los derechos que merecen».
Los abogados que representan a los detenidos en la instalación buscan que se emita una orden preliminar para facilitar que se puedan reunir y comunicar con sus clientes. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ordenó la construcción del centro de detención a mediados de este año en un remoto aeródromo en desuso.
Eunice Cho, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), manifestó el lunes que los abogados de los detenidos deben programar una cita con tres días de anticipación para poder visitar a sus clientes, a diferencia de otros centros de detención en donde los abogados pueden simplemente presentarse durante las horas de visita. Destacó que los detenidos a menudo son trasladados a otras instalaciones después de que sus abogados han hecho una cita para verlos y que los retrasos en la programación han sido tan prolongados que los detenidos no han sido capaces de reunirse con sus abogados antes de fechas límite clave.
Nicholas J.P. Meros, abogado del estado, señaló que la mayoría de las preocupaciones que los detenidos y sus abogados plantearon en un principio ya han sido abordadas y que los retrasos previos se debieron al intento por construir una instalación para albergar a miles de detenidos en un área remota con poca infraestructura.
La demanda es uno de tres casos federales en torno al centro de detención. En una denuncia ambiental, un panel de la corte federal de apelaciones permitió en septiembre que la instalación se mantuviera en operaciones después de suspender la orden preliminar de un tribunal de menor instancia que ordenaba su cierre para finales de octubre.
Una tercera demanda afirma que la inmigración es potestad federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados del estado no tienen autoridad para operar la instalación.
El presidente Donald Trump recorrió la instalación en julio pasado y dejó entrever que podría convertirse en un modelo para futuros centros de detención a nivel nacional, en momentos en que su gobierno busca expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. Aunque la instalación fue construida y operada por el estado y sus contratistas privados, las autoridades federales han aprobado reembolsar a Florida 608 millones de dólares.
Fuente: Associated Press