El largo y notorio caso de Jorge Barahona, acusado del asesinato de su hija adoptiva Nubia, de 10 años, y el abuso de su hermano gemelo, ha dado un paso crucial. La jueza de circuito del condado de Miami-Dade, Andrea Ricker Wolfson, dictaminó este miércoles que Barahona es mentalmente competente para enfrentar el juicio, despejando el camino para que el proceso judicial se reanude tras años de aplazamientos.
La decisión de la jueza Wolfson llega más de 14 años después de los escalofriantes hechos ocurridos en el Día de San Valentín de 2011. En aquella fecha, un guardacaminos del Departamento de Transporte de Florida encontró a Jorge Barahona, entonces de 53 años, sintiéndose mal en su camioneta de fumigación, estacionada en la I-95 en el condado de Palm Beach. Dentro del vehículo, se halló a su hijo adoptivo, Víctor, de 10 años, sufriendo graves quemaduras químicas. Tras una investigación, se descubrieron los restos de la hermana gemela de Víctor, Nubia, en una bolsa de basura negra en la parte trasera de la camioneta.
Investigaciones posteriores revelaron que Nubia había sido víctima de un homicidio por golpiza días antes, el 11 de febrero de 2011, en la casa que Barahona compartía con su esposa, Carmen Barahona, en Westchester. Los mellizos, quienes habían sido adoptados por la pareja en 2009 tras estar en acogida desde 2004, habrían sido rutinariamente abusados, atados, privados de alimentos y se les habría negado atención médica, llegando a ser encerrados por largos periodos en un baño.
Carmen Barahona, ahora de 74 años, aceptó una sentencia de cadena perpetua en 2020 a cambio de su testimonio. Por su parte, Jorge Barahona, ahora de 58 años, enfrenta 20 cargos, incluyendo asesinato en primer grado (lo que podría llevarlo a la pena de muerte si es condenado), ocho cargos de abuso infantil agravado, ocho de negligencia infantil, abuso de cadáver e intento de asesinato en primer grado.
La declaración de competencia de Barahona es un hito importante, ya que en marzo de 2024 había sido declarado incompetente y fue trasladado a un centro de salud mental para una evaluación adicional. La jueza Wolfson concluyó que Barahona «aprecia la naturaleza de los cargos, comprende las posibles sanciones, entiende la naturaleza adversaria del proceso legal y exhibe un comportamiento apropiado en la sala».
Este caso expuso graves fallas en el sistema de bienestar infantil de Florida. Funcionarios del Departamento de Niños y Familias (DCF) fueron criticados por no haber actuado ante advertencias previas de profesionales médicos y personal escolar. El DCF admitió en 2011 que el cuidado de los mellizos estuvo marcado por «deficiencias significativas y fallas en el sentido común». En 2017, la legislatura de Florida aprobó un acuerdo de $3.75 millones para Víctor en compensación por el papel del estado en la tragedia.
Una audiencia de seguimiento ha sido programada para el 19 de septiembre.