Enrique Capriles AP
Con un mensaje de Twitter, Henrique Capriles encendió las alarmas internacionales. «URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años», escribió el viernes 6 de abril por la mañana. La decisión de la Contraloría General de la República sumó al dos veces candidato a la presidencia de Venezuela y actual gobernador de Miranda a la nómina de los prohibidos por el régimen de Nicolás Maduro.
«Era el que faltaba en la lista», dice a Infobae con ironía Pablo Pérez, el ex gobernador de Zulia y ex candidato presidencial, también inhabilitado.
Para la ex diputada María Corina Machado, que ya cumplió los 12 meses de sanción que le impusieron en 2015 —y que la dejaron fuera de juego en las legislativas del 6 de diciembre de ese año— la medida contra Capriles no sorprendió. «Nada me sorprende, absolutamente nada me sorprende en Venezuela», afirma en diálogo con este medio.
Es que la presión interna —masivas movilizaciones opositoras— y la internacional —con la OEA como punta de lanza— están cercando al gobierno de Nicolás Maduro, que ya no puede demorar más el calendario electoral. «Tendrá que llamar a elecciones regionales este año y a presidenciales el que viene, así que la conducta es reiterativa: van a elecciones pero con los candidatos que ellos escogen», sentencia Pérez.
Para Machado, es un error creer que con elecciones «se saca a la dictadura». «Estamos frente a un régimen totalitario. Primero hay que retar la dictadura para luego tener elecciones libres», agregó.
Según explicó a Infobae Eugenio Martínez, experto electoral venezolano, hay más de 100 políticos opositores proscriptos. El método que usa cada vez más el chavismo genera controversias en la interpretación de la norma. Es que la Contraloría General de la República puede inhabilitar administrativamente a cualquier funcionario público, pero desde el año 2006, en unión con el Consejo Nacional Electoral, se creó un nuevo Código de Inhabilitaciones que, además, sanciona políticamente.
La controversia surge porque, según la Constitución, para quedar inhabilitado para ejercer derechos políticos tiene que existir una sentencia firme inapelable de un tribunal, pero desde el nuevo reglamento, la autoridad electoral entiende que todo inhabilitado administrativamente está inhabilitado políticamente también. Y para apelar, hay que ir al Tribunal Supremo; sí, el mismo que anuló el Parlamento semanas atrás y después se arrepintió.
«Capriles podría impugnar ante Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero en los últimos 10 años, nunca ha fallado en contra del Estado venezolano en este tema», detalla Martínez.
Los proscritos emblemáticos del régimen chavista:
Henrique Capriles
La Contraloría General de la República lo inhabilitó «por incurrir en supuestos ilícitos tipificados, como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas».
Según el organismo, la prohibición para presentarse a cargo públicos por 15 años tendrá efecto cuando el funcionario termine sus funciones como gobernador. Esta última parte de la sentencia es la que alimenta la idea de que el régimen busca sacar del juego electoral al opositor.
Leopoldo Lopez (AP)
Leopoldo López
El coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López, además de ser el preso político símbolo del régimen, fue inhabilitado en varias oportunidades. Fue sancionado, primero, por una donación de Petróleos de Venezuela en 1998 y después, por un traspaso de dinero que autorizó en 2002 cuando era alcalde de Chacao. Esta última inhabilitación caduca en diciembre de este año. Claro que al tener una condena firme a 14 años de prisión, tampoco podría ser candidato.
«El caso de Leopoldo es un ejemplo. En 2008 iba a ser candidato a la alcaldía de Caracas y el gobierno de Hugo Chávez lo inhabilitó. Sin embargo, se presentó Antonio Ledezma —otro opositor que ahora también es preso político— y ganó», recordó Pablo Pérez.
Enzo Scarano
El 3 de marzo de 2017, el ex alcalde de San Diego, Carabobo, fue inhabilitado para ejercer cargos políticos por los próximos 15 años. Esta sentencia es la segunda que recibe el dirigente de Cuentas Claras, que el 15 de julio de 2015 ya había sido prohibido por 12 meses. «Menos mal que no existe la pena de muerte en Venezuela, porque si no, nos la impondrían. La inhabilitación es una pena de muerte política», explicó Scarano en diálogo con Infobae. El ex alcalde de San Diego afirmó que el régimen está utilizando la Contraloría para «eliminar a sus enemigos políticos». «Aquí te abren procedimientos por archivar mal un papel, es persecución política», se queja el opositor.
Pablo Perez
El 3 de julio 2016, el ex gobernador opositor del estado Zulia y quien fue precandidato presidencial venezolano Pablo Pérez fue inhabilitado administrativamente para ejercer cargos «de función pública» durante 10 años por incurrir en irregularidades en su gestión.
«Cuando dejé la gobernación, me denunciaron 14 veces y ninguna de esas denuncias prosperó, por lo que llevaron un procedimiento a la Controlaría», detalla Pérez.
Manuel Rosales
El principal contrincante de Hugo Chávez en la elección presidencial de 2006 tampoco puede presentarse a elecciones en Venezuela. El ex alcalde de Maracaibo y ex gobernador del Zulia fue inhabilitado el 9 de junio de 2015 por un período de siete años y seis meses.
Maria Corina Machado (AP)
María Corina Machado
El caso de la ex diputada también es emblemático. Si bien la dirigente ya cumplió su sanción de 12 meses, impuesta el 13 de julio de 2015, los especialistas no descartan que si intenta inscribirse como candidata, se tope con una «objeción política».
Machado es una de las opositoras más perseguidas por el régimen. En marzo de 2014, fue destituida de su cargo de diputada en la Asamblea Nacional por «traición a la patria», tras haber aceptado un cargo de «embajadora alterna» de Panamá ante la Organización de Estados Americanos para poder contar la realidad venezolana entre los enviados del continente. Su inhabilitación en 2015 estaba direccionada a impedir que fuera candidata. «A mí me pusieron la inhabilitación para prohibirme en las elecciones legislativas», recordó Machado, en diálogo con Infobae. La dirigente de Vente Venezuela se refiere a las legislativas de diciembre de ese año, unos comicios en los que, aun con este tipo de trabas, igual triunfó la oposición. La ex diputada además denunció que «las inhabilitaciones son contrarias a la propia Constitución venezolana, ya que la Controlaría está tomando decisiones claramente del orden político». Para la opositora, «desde el momento en que se puso en evidencia la naturaleza mafiosa y los vínculos incuestionables del régimen con el narcotráfico y el terrorismo islámico internacional, Maduro decidió acelerar y se desató la represión».
Antonio Ledezma
El caso de Antonio Ledezma también genera polémica. El alcalde de Caracas está en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. En repetidas ocasiones se han suspendido las audiencias para tratar su causa, una acusación por conspirar contra el Gobierno «al apoyar a grupos que presuntamente pretendían desestabilizar con acciones violentas». Así, como no tiene una condena firme, debería poder ser candidato… «Sí y no», explica el experto electoral Martínez. Es que, según detalla, el CNE le pude poner una «objeción política» en su base de datos que impediría una futura inscripción electoral.
