De izquierda a derecha Karla Hernández, con sus hijos, Carlos de 16 años , Mariano de tres, y Karolay, de 13 años. El esposo de Karla, y padre de los pequeños, Mario Alcerro, fue deportado a Honduras en el 2015. Alcerro es el que aparece en las fotos que muestran los familiares. Roberto Koltún / El Nuevo Herald
Unas siete palabras fueron las que sellaron el destino de millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
“Se reafirma el fallo por Corte dividida”… Es la decisión del Tribunal Supremo.
Así es como los ocho jueces de la Corte Suprema informaron al país el 23 de junio que no podían resolver la disputa sobre las polémicas acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración y que, por lo tanto, la prohibición de un tribunal inferior contra estas acciones no sería levantada.
En otras palabras, el Supremo congeló el plan de Obama para proporcionar una protección temporal contra la depor tación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. También congeló el plan para expandir un programa existente que protege contra la expulsión a jóvenes traídos como niños por sus padres indocumentados.
“Los inmigrantes indocumentados que el presidente Obama trató de proteger de la expulsión están, una vez más, sin protección y su vida familiar bien puede quedar destruida”, dijo Francisco Portillo, presidente de Unidad Hondureña, un grupo con sede en Miami que defiende los derechos de los inmigrantes.
Cheryl Little, otra activista que defiende los derechos de los inmigrantes en Miami, se hizo eco de las preocupaciones de Portillo.
“En una decisión dividida 4-4, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha preservado una medida cautelar a nivel nacional que afecta a millones de inmigrantes que han estado aquí durante años, que han trabajado duro, pagado sus impuestos y que tienen hijos que son ciudadanos de Estados Unidos. Los ha despojado de la esperanza por un futuro mejor”, dijo Little, directora ejecutiva del grupo en Miami Americanos Pro Justicia Inmigrante. “Una vez más, las familias de inmigrantes han recibido un golpe devastador”.
¿Y ahora que?
A pesar de que la medida que ofreció Obama para proteger contra la deportación a unos cinco millones de indocumentados, es poco probable que estas personas sean de pronto detenidas y puestas en proceso de deportación y no hay indicios de que ocurrirá siempre y cuando la actual administración siga a cargo, y Hillary Clinton, la candidata presidencial del Partido Demócrata, sea elegida primera presidenta del país.
Clinton ha prometido no sólo ampliar las protecciones temporales de Obama, sino también la legalización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
11 millones de indocumentados
La situación podría ser radicalmente diferente si los votantes eligen a Donald Trump, el virtual candidato del Partido Republicano. Él ha prometido deportar a todos los indocumentados y suspender las llamadas protecciones temporales.
Bajo la actual ley de inmigración, los indocumentados podrían ser deportados rápidamente si son detenidos en la frontera o al llegar a los aeropuertos internacionales, pero tienen que ser puestos en procedimientos de expulsión en la corte de inmigración si son detenidos lejos de las fronteras, a menos que tengan una orden final. Si cuentan con una orden final pendiente, entonces pueden ser deportados de inmediato sin ningún tipo de procedimiento judicial adicional.
La inmigración, el nuevo enemigo número uno del Ku Klux Klan
Por ahora, estas normas siguen vigentes, aunque su aplicación depende de la discreción de las autoridades de inmigración, que en los últimos años han recibido memorandos emitidos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) que buscan suavizar el impacto de las deportaciones, principalmente para núcleos familiares.
Un documento expedido el 17 de noviembre del 2011 por el entonces director de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, indica que los inmigrantes indocumentados podrían evitar el proceso de deportación si no tienen antecedentes penales, han vivido en Estados Unidos durante varios años y tienen un familiar que sea ciudadano estadounidense.
Este lenguaje parece cubrir a algunos de los aproximadamente cinco millones de inmigrantes indocumentados que Obama trató de proteger de la expulsión. Estos tenían que tener hijos ciudadanos o residentes.
Pero los memorandos de Morton dejan bien claro que cualquier decisión de las autoridades de inmigración por aplazar una deportación es una decisión totalmente discrecional.
Esto significa que si un funcionario de inmigración llega a la conclusión de que un individuo debe ser deportado, incluso si éste se ajusta a los requisitos del memorando, la expulsión puede ser ejecutada.
La vida de los indocumentados en EEUU: escondites, miedo y viajes prohibidos
El martes de la semana pasada, tres activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en el sur de la Florida, dijeron que para mitigar la ansiedad y miedo de los indocumentados, el presidente Barack Obama debería emitir una nueva orden ejecutiva poniendo un alto a las deportaciones de todos los extranjeros indocumentados que no tengan antecedentes penales, al menos hasta que termine su mandato en enero o el Congreso pueda promulgar la reforma migratoria en el futuro.
“Es lo mínimo que puede hacer después de que permitió tantas deportaciones, tras comprometerse a solucionar la crisis de inmigración, algo que nunca hizo”, dijo el pastor Enrique Pacheco, un inmigrante indocumentado ecuatoriano cuya hija, Gaby Pacheco, se ha convertido en una popular activista y líder del movimiento nacional de Dreamers, jóvenes cuyos padres indocumentados trajeron al país cuando eran niños.
Por ahora, la única acción ejecutiva activa sobre inmigración, que no fue bloqueada por el fallo del Tribunal Supremo, es un programa que data del 2012 por virtud del cual ciertos Dreamers tienen derecho a la protección temporal renovable contra la deportación.
Si Clinton es la ganadora, es probable que continúe el programa de protección temporal, o que tal vez sea ampliado sobre las mismas líneas de Obama, reactivando o expandiendo las acciones.
Clinton también ha prometido en repetidas ocasiones persuadir al Congreso a aprobar una ley de reforma migratoria encaminada a la legalización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, dándoles tarjetas de residencia, lo que constituye un camino a la ciudadanía.
Pero en una entrevista reciente con Telemundo, Clinton pareció haber agregado una condición a su decisión sobre una reforma migratoria.
Indicó que podría no ser capaz de cumplir su promesa sobre la reforma migratoria, si los republicanos continúan controlando el Senado.
Pero si Clinton pierde, entonces los inmigrantes indocumentados enfrentan un futuro verdaderamente incierto.
Donald Trump, el acaudalado empresario que es el virtual candidato presidencial republicano, se ha comprometido a deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
Incluso, si Trump fuera incapaz de expulsar a los 11 millones de inmediato, como afirman los expertos, es probable que las detenciones y deportaciones de indocumentados aumentarán en forma significativa, tal vez volviendo a la época cuando los agentes de inmigración eran libres de detener y expulsar a todos y cada uno de los indocumentados que encontraran, sin cortapisas o restricciones enunciadas en los memorandos de Morton del 2011.
Debido a esos memorandos, la familia de Mario Alcerro y Karla Hernández no fue totalmente destruida cuando los funcionarios de inmigración deportaron nuevamente a Mario el año pasado debido a que éste regresó ilegalmente a Estados Unidos, después de una expulsión previa.
Karla, quien también está indocumentada, se le permitió permanecer en el país para cuidar de sus tres hijos, todos nacidos en EEUU.
Anteriormente, ambos padres hubieran sido expulsados si no tenían un estatus legal.
Eso fue lo que ocurrió en el 2009, cuando Maricela Soza fue deportada a Nicaragua, dejando a sus dos pequeños hijos, Cecia y Ronald, al cuidado de su esposo, Ronald Soza.
Pero Ronald Soza también fue deportado, y los dos niños quedaron a cargo de una amiga de la familia, Nora Sándigo, presidenta del grupo que defiende los derechos de los inmigrantes en Miami, Fraternidad Americana.
El año pasado, Cecia se matriculó en la Universidad de Georgetown. Quiere estudiar leyes y defender a los inmigrantes
Su historia se asemeja a la de la actriz Diane Guerrero que hace el papel de Maritza Ramos en la popular serie de Netflix Orange Is the New Black.
El año pasado, Guerrero dijo en una entrevista por televisión y al diario Los Angeles Times que sus padres, ambos colombianos indocumentados, habían sido deportados cuando tenía 14 años.
Fuente: ElNuevoHerald.com
