En una entrevista para el programa Cada Tarde, la experta en políticas públicas Helen Aguirre analizó los complejos desafíos fiscales y sociales que conllevan las propuestas para reducir o eliminar el impuesto sobre la propiedad primaria en Florida. Aguirre subrayó que, si bien el alivio fiscal es una demanda ciudadana, su implementación debe ser gradual para no comprometer la estabilidad de los servicios públicos esenciales.
El abismo entre condados urbanos y rurales
La especialista enfatizó que existe una brecha profunda en la capacidad financiera de las distintas regiones del estado:
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Municipios grandes: Condados como Miami-Dade, Broward o Palm Beach cuentan con presupuestos diversificados que les permitirían absorber ajustes fiscales con mayor facilidad.
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Zonas rurales: Casi la mitad de los condados de Florida dependen exclusivamente del impuesto inmobiliario. Eliminar este tributo de forma abrupta dejaría a estos municipios sin fondos para financiar policías, bomberos o sistemas de alcantarillado.
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Intervención estatal: Aguirre señaló que el gobierno estatal tendría que intervenir financieramente para rescatar a los condados más pequeños si no se planifica una transición responsable.
El peso de los sindicatos y la sostenibilidad presupuestaria
En ciudades como Miami, el impuesto a la propiedad primaria representa apenas el 7% del presupuesto (unos 104 millones de dólares), lo que técnicamente permitiría buscar ahorros operativos. Sin embargo, Aguirre advirtió que el 75% del gasto municipal está comprometido en contratos y beneficios con sindicatos, lo que limita el margen de maniobra de los administradores.
Asimismo, recordó que los sindicatos de maestros y cuerpos de seguridad suelen invertir millones en campañas mediáticas para frenar estas reformas. Al requerirse un 60% de aprobación de los votantes para enmendar la Constitución de Florida, el bombardeo informativo de estos sectores —que a menudo recurre al temor sobre el cierre de bibliotecas o la falta de maestros— puede inclinar la balanza en contra de las iniciativas de alivio fiscal.
Equidad para todas las generaciones
Finalmente, Aguirre llamó a considerar la equidad intergeneracional. Advirtió que eximir exclusivamente a los mayores de 65 años podría trasladar la carga recaudatoria hacia las familias jóvenes que ya enfrentan un alto costo de vida bajo la actual situación económica. “Lo que es bueno para unos debería ser bueno para todos”, concluyó la experta, instando a buscar soluciones que protejan la dignidad de los mayores sin asfixiar a las nuevas generaciones de trabajadores.