El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que suspenda un fallo en el que se ordena la recontratación de miles de empleados que fueron despedidos con el objetivo de reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal.
La apelación de emergencia argumenta que el juez no puede obligar al ejecutivo a recontratar a los más de 16.000 empleados en período de prueba. El juez con sede en California determinó que los despidos no cumplen con la ley federal y exigió que se envíen de inmediato ofertas de reincorporación al tiempo que se desarrolla una demanda.
La impugnación también hace un llamado para que la corte, de mayoría conservadora, controle a un creciente número de jueces federales que han ralentizado la ambiciosa agenda de Trump, al menos por ahora.
“Sólo esta corte puede poner fin a la apropiación de poder entre ramas”, se sostiene en la apelación.
El sistema judicial federal del país se ha convertido en el epicentro de la resistencia contra Trump, mientras el Congreso, de mayoría republicana, ha expresado en buena medida su apoyo o ha permanecido en silencio, los jueces han emitido más de una treintena de fallos contra el gobierno después de encontrar violaciones a la ley federal.
Los fallos abarcan desde cambios al derecho a la ciudadanía por nacimiento hasta el gasto federal y los derechos de las personas transgénero.
La inigualable avalancha de órdenes ejecutivas de Trump parece destinada a tener varias citas en una Corte Suprema que él ayudó a moldear con tres nombramientos durante su primer mandato pero, hasta el momento, la mayoría de los nueve miembros de la corte han tomado pasos relativamente pequeños en dos casos que han llegado hasta el máximo tribunal.
La más reciente orden que enfrenta una apelación ante el máximo tribunal fue una de dos emitidas el mismo día. Aunque reconoce que el presidente puede despedir a empleados, dos jueces determinaron por separado que existen problemas jurídicos en la manera en que el gobierno republicano llevó a cabo los despidos de los empleados en período de prueba.
El juez federal de distrito William Alsup en San Francisco dictaminó que los despidos fueron dirigidos de manera inapropiada por la Oficina de Gestión de Personal y su director interino. Ordenó que se llevaran a cabo recontrataciones en seis agencias: los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.
La orden provino como parte de una demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que argumentaron que se verán afectados por la reducción de personal.
Alsup, quien fue nombrado por el presidente Bill Clinton, expresó su frustración con lo que llamó el intento del gobierno por eludir las leyes y regulaciones al despedir a trabajadores en período de prueba que cuentan con menos protecciones legales.
Se dijo consternado de que a los empleados se les dijera que estaban siendo despedidos por bajo rendimiento a pesar de haber recibido buenas evaluaciones hace apenas unos meses.
El abogado Norm Eisen, uno de los abogados que representan a la parte demandante, prometió a defender la orden. “Nuestra coalición sigue comprometida a garantizar que se haga justicia para cada trabajador en período de prueba afectado”, afirmó.
El gobierno federal, por otro lado, indicó que la orden generalizada que requiere la recontratación de los empleados va más allá de la autoridad legal del juez. Los demandantes nunca tuvieron fundamentos legales para presentar una demanda y no demostraron que la Oficina de Gestión de Personal haya ordenado indebidamente los despidos, argumentó el Departamento de Justicia en la apelación.
“El tribunal de distrito ha obligado al gobierno a embarcarse en la enorme tarea administrativa de reincorporar y reintegrar a pleno servicio a miles de empleados que fueron despedidos en el transcurso de unos pocos días”, escribió la abogada general interina Sarah Harris. “Los costos financieros y las cargas logísticas para su cumplimiento son inmensos».
Fuente: LINDSAY WHITEHURST Associated Press