El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado una pausa temporal en el procesamiento de ciertas solicitudes de residencia permanente, conocidas como “green cards”, como parte de un esfuerzo más agresivo de verificación de antecedentes.
La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afecta a solicitantes que ya habían recibido estatus de refugiado o asilo. Según el DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está pausando la finalización de ciertos trámites “a la espera de evaluaciones adicionales para identificar posibles fraudes o riesgos para la seguridad pública o nacional”.
Esta decisión se alinea con dos órdenes ejecutivas recientes del presidente Trump. Una de ellas instruye a las agencias federales a fortalecer al máximo los procesos de evaluación para quienes buscan entrar o permanecer en Estados Unidos. La otra autoriza al Departamento de Estado a designar a grupos criminales internacionales, como algunos cárteles mexicanos o el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas.
El cambio podría dejar en un limbo legal a inmigrantes que ya habían demostrado temor fundado a ser perseguidos en sus países de origen y que contaban con una vía hacia la residencia legal. Tanto refugiados como asilados suelen pasar por procesos exhaustivos de seguridad y verificación antes de su admisión o protección.
Esta acción es parte de una serie de decisiones de la administración Trump para revisar y restringir algunos programas de inmigración, particularmente aquellos implementados durante el gobierno anterior. Entre otras medidas recientes, se encuentra la suspensión de solicitudes de inmigrantes de América Latina y Ucrania que llegaron bajo programas de permiso humanitario, así como la orden de auto-deportación a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela beneficiados por esos programas.
Además, el gobierno anunció planes para reforzar el análisis de redes sociales de quienes soliciten beneficios migratorios, incluyendo ciudadanía, residencia y asilo.
Aunque el gobierno no ha hecho públicos todos los detalles, varios de estos cambios ya enfrentan desafíos legales en cortes federales.