El gobernador Rick Scott firmó una ley que dificulta el acceso al procedimiento y ha provocado el cierre de más de la mitad de las clínicas a las que las mujeres acudían para interrumpir su embarazo de forma segura.
«Como resultado de este proyecto de ley, miles de personas en toda Florida ya no podrán acceder a la atención esencial en materia de salud reproductiva, detección del cáncer, control de natalidad, y exámenes de bienestar», declaró Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood, según reseña Univisión.
La ley, que se hará efectiva el 1 de julio, solicitará a los médicos que realicen abortos tener privilegios de admisión en algún hospital cercano con servicios de obstetricia y ginecología. También impone inspecciones a las clínicas que tienen licencias y prohibiciones de venta, compra o transferencia de material fetal.
Tal como destaca El Nuevo Herald, las clínicas de aborto no podrán recibir dinero estatal para cuidado preventivo.
John Stemberger, presidente del Consejo de Políticas de Familia de Florida, celebró la decisión de Scott. «Es una victoria histórica», dijo, al tiempo que señaló: «Estamos emocionados de haber sido parte de este esfuerzo».
Otras organizaciones como American Civil Liberties Union of Florida están en contra. Su director ejecutivo Howard Simon aseguró: «Cualquiera que haya vivido en Florida durante la administración de Rick Scott no se sorprendería con la firma de esta legislación que restringe el acceso de las mujeres a sus cuidados de salud».
Proveedores de salud como Planned Parenthood y Whole Woman’s Health han asegurado que la ley fue diseñada especialmente para provocar el cierre de clínicas que proveen servicios de este tipo (TRAP, Targeted Regulation of Abortion Providers).