Comienza la legislatura estatal de la Florida y el gobernador Ron DeSantis y su equipo lanzan una ofensiva para convertir en leyes sus tres grandes apuestas del año: salario de maestros, verificación de estatus migratorio para trabajar y el medio ambiente.
El gran debate está reservado para la aprobación de los presupuestos, que este año ascienden a 91.400 millones de dólares, eso que llamamos en inglés 91.4 billion, unos 300 millones más que el año anterior.
De esa cifra, resalta la cantidad solicitada para la educación pública con 27.000.000.000 dólares, unos 900.000.000 más que 2019.
De hecho, el gobernador quiere declarar 2020 el año del maestro y para ello propone aumentar el salario mínimo de los educadores a $47.500 al año, antes del pago de impuesto.
Entretanto, el presidente de la Cámara de Representantes, José Oliva, y el presidente del Senado, Bill Galvano, expresaron a la prensa sentirse preocupados “porque la propuesta de aumento de sueldo costaría unos 600 millones de dólares”.
Aun cuando Galvano dio a entender que el aumento es “válido”, asumirlo a lo largo y ancho del estado podría ser difícil, si tenemos en cuenta las características de cada condado.
“Hay distritos con reglas diferentes, distintos niveles de vida, y cuando planteas una cifra para todos por igual podrías crear otros problemas”, declaró.
Por otra parte, el líder de los demócratas en el Congreso estatal, Kionne McGhee, cree que el aumento debe ser mayor.
“Estoy de acuerdo con eso de que éste el año de los maestros”, señaló McGhee. Y para ello propone un aumento de 5% para todos, o 47.500 para quienes el porcentaje solicitado resulte menos, así como incrementos paulatinos por los próximos dos años.
A diferencia de su predecesor, Rick Scott, DeSantis quiere atender los asuntos del anunciado aumento del nivel del mar, así como combatir con más fuerza la proliferación de algas que afecta el medioambiente y la industria del turismo, y para ello quiere que el estado compre tierras para protegerlas.
Además, el gobernador plantea la necesidad de reducir los niveles de nutrientes permitidos en ríos y canales procedentes de campos de cultivos, así como los tanques sépticos, que son los que estimulan la proliferación de algas en las costas y lagos.
“Hay mucho por hacer y sabemos que no va a ser fácil aprobar un presupuesto para esos fines, y esperamos que el Congreso y el gobernador logren hacer algo al respecto”, señaló el grupo ambientalista Sierra Club.
Para la compra de terrenos, el gobernador propone unos 100 millones de dólares, pero grupos ambientalistas aseguran que cualquier cifra por debajo de 470 millones de dólares sería insuficiente para cumplir con lo que el electorado aprobó en 2014, de emplear a esta gestión un porcentaje del impuesto a bienes raíces.
La otra gran batalla del gobernador será la implementación del programa federal e-Verify, que verifica electrónicamente si una persona tiene sus papeles en regla antes de ser empleado.
El año pasado Desantis apostó con éxito por prohibir las llamadas ciudades santuarios, que no existían y son aquellas que sus correspondientes ayuntamientos, de forma explícita, rechazan colaborar con las autoridades federales de migración en el proceso de deportación de indocumentados.
No obstante, el e-Verify podría encontrar opositores dentro de sus propias filas: grandes agricultores que emplean mano de obra tan barata que ciudadanos estadounidenses o residentes en el país no aceptarían.
Fuente: DLA
