MIAMI (AP) — El gobierno estadounidense, que intenta conseguir la deportación de un ex ministro de Defensa salvadoreño que vive en la Florida, presentó el martes pruebas documentales y testimonios para demostrar que el militar tenía pleno conocimiento y participó de masacres y violaciones a derechos humanos en la nación centroamericana en los años 80.
En el segundo día del juicio de deportación de José Guillermo García Merino, el departamento de Seguridad Nacional presentó una serie de pruebas para convencer al juez Michael Horn de que el ex militar tiene que ser repatriado a su país.
«Las evidencias mostrarán que en El Salvador había una dictadura que mantenía el status quo con una campaña de represión… al asumir como ministro de Defensa, el general García se convirtió en la persona más poderosa de El Salvador», expresó Loren Coy, abogado del gobierno.
Existía una «campaña sistemática de masacres, matanzas extrajudiciales… dirigida a la población civil», sostuvo el letrado al comienzo de una prolongada audiencia.
Pero la abogada de García, Alina Cruz, alegó que su cliente no participó de manera directa en esos asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
«El no tuvo participación directa. No participó ni colaboró en ninguna tortura ni matanzas extrajudiciales», aseveró Cruz para refutar las acusaciones del departamento de Seguridad Interna. «Los perpetradores de esos actos eran miembros de las fuerzas armadas… el señor García no tenía bajo su control a esas fuerzas y no se va a encontrar ningún caso donde tenga participación o asistencia directa», sostuvo la letrada.
El gobierno busca la deportación del ex ministro por su rol en torturas y ejecuciones cometidas en El Salvador entre 1979 y 1983, fundamentándose en una ley aprobada después de los ataques terroristas del 2001 que procura impedir que lleguen o que vivan en Estados Unidos violadores de derechos humanos.
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