“Lo que sucedió fue que en el año 1979 cuando entraron los sandinistas por primera vez y se afianzaron en el poder, fuimos confiscados. Luego de eso en el año 1990, cuando Violeta Chamorro, nos devolvieron parcialmente la empresa y la empezamos a trabajar, con condiciones de que teníamos el 60% de la familia y el 40% para los trabajadores con opción a compra”.
“De eso para acá empezó a levantar nuevamente la empresa, que la habíamos recibido con números rojos y la familia empezó a trabajar mucho en ella. Y ahora en el 2007 cuando sube Daniel Ortega, otra vez nos re confiscan. Entonces meses después el gobierno nos ofrece la compra. Empezamos a negociar. Nosotros empezamos pidiendo 8 millones de dólares llegando a 4 millones y nos hacen la oferta formalmente, luego nosotros aceptamos, hicimos el contrato y hasta la fecha de hoy no hemos recibido el pago”.
“Son laboratorios farmacéuticos que fueron fundados en 1931 por mi abuelo, el doctor Porfirio Solórzano Bermúdez, o sea que estamos hablando de 81 años de trabajo, de estar en poder de la familia, a excepción del tiempo en que estuvieron los sandinistas en el poder”.
“Se tiene un cálculo de trescientas y pico de familias, empresas y negocios confiscados pero si vi las declaraciones del cónsul de Nicaragua en que dice que están hablando de alrededor de doscientas empresas”.
“El cónsul de Nicaragua dice que está avanzando muy lentamente, lo que ellos quieren es ni perder la opción y tener la posibilidad del waiver. Nosotros en particular, la familia, no queremos que lo quiten porque conocemos la situación del país, sabemos que Nicaragua lo necesita y no quisiéramos que esto sucediera. La ley la pasó el Congreso en 1994 y dice que no debe dársele la dispensa a estos países que tienen ciudadanos americanos que están siendo confiscados”.