La Comisión de la Verdad en Colombia, encargada de realizar un informe sobre lo ocurrido en más de cinco décadas de conflicto interno, reveló el martes que una de sus conclusiones apunta a que las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares conocidas como “falsos positivos” fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que “se cometieron como parte de una política de gobierno”.
Los “falsos positivos” llegaron a sumar más de 6.402 víctimas en Colombia, especialmente entre 2002 y 2008, en los que gobernó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la conclusión de la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial, y el Tribunal de Paz, ambos creados tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace cinco años.
Uribe Vélez, quien siempre ha negado el haber dado instrucciones a los militares para que asesinaran jóvenes y campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros, informó el martes que denunciará a la Comisión de la Verdad, al considerar que sus afirmaciones son irresponsables y sesgadas.
“Desde el primer día de gobierno la transparencia fue preocupación fundamental de mi parte”, escribió en Twitter el expresidente, quien ha sido uno de los más férreos críticos del acuerdo de paz con las FARC.
La Comisión de la Verdad, en voz de su comisionado Alejandro Valencia, concluyó luego de estudiar más de 1.000 entrevistas con víctimas, exmilitares, expertos e informes que existió un “sistema” de disposiciones legales como leyes y directivas emitidas por las Fuerzas Militares, y otras extralegales como las órdenes desde los altos mandos, que aunque no estaban escritas en las normas, en la práctica ocurrieron “con grado de frecuencia que da cuenta de su institucionalización”.
Además, la Comisión señaló que los crímenes fueron financiados con acciones fraudulentas en las que existió “malversación de fondos del Estado” en manos de militares y civiles que participaron en los hechos. “Se suministraron bienes como armamento, municiones o equipamientos a grupos paramilitares, usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo de estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas, bajo la simulación de combates”, agregó el comisionado Valencia.
Las declaraciones fueron dadas en un encuentro en el que algunos exmilitares reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón frente a familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Los exmilitares se han comprometido a revelar la verdad a cambio de recibir beneficios jurídicos que pueden incluir no pagar cárcel.
“Quiero dejar claro que ninguno de sus hijos pertenecía a ninguna estructura criminal. Todos eran inocentes. Lo que hice nunca debió ocurrir y no es fácil reconocer y decir la verdad”, dijo el sargento retirado Sandro Pérez.
Flor Hernández, madre de Elkin Hernández, replicó a Pérez y le pidió que diera más detalles sobre el crimen de su hijo porque “falta verdad”. “¿Quién le disparó? ¿Quién fue el que le hizo el montaje a mi hijo? Ustedes dicen que fueron los mandos superiores, hablen, no se entreguen ustedes solos”.
Hernández forma parte de las Madres de Soacha, una organización conformada por familiares que exigen justicia por las ejecuciones extrajudiciales y fueron las primeras en denunciarlas durante el gobierno de Uribe.
Fuente: AP
