MADRID (AP) — La justicia española dictó el martes órdenes de detención internacional contra seis ex militares chilenos y un estadounidense vinculados al régimen de Augusto Pinochet para ser juzgados en Madrid por su presunta participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976.
Los siete procesados están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, según recoge un auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, que reabre una de las páginas más negras de la dictadura en Chile (1973-1990) y que se incluyó en el viejo sumario con el que Baltasar Garzón trató de procesar a Pinochet en 1998.
Entre los imputados figuran Manuel Contreras, ex jefe de la temida policía secreta Dina y actualmente en prisión, y Jaime Lepe Orellana, un ex coronel que fue asistente de Pinochet. El ciudadano estadounidense es Michael Townley. Un hombre muy vinculado a los servicios secretos chilenos de la época que pasó cinco años en prisión por su complicidad en el asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier en Washington en 1976.
El juez Ruz los relaciona con la tortura y asesinato de Soria. El diplomático español se exilió en Chile tras la victoria de Francisco Franco, asesoró como consejero al presidente Salvador Allende y trabajaba como funcionario de Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Según el auto de Ruz, el régimen relacionaba a Soria con actividades Partido Comunista. Tras varios días de seguimientos, agentes de la Dina que vestían uniforme de carabineros detuvieron a Soria en su vehículo bajo pretexto de una infracción de tráfico.
El diplomático español fue trasladado a una vivienda secreta, en la que fue maniatado, golpeado y torturado durante varias horas en un interrogatorio dirigido por Lepe Orellana.
Soria sólo alcanzó a murmurar las palabras «pobre Chile», dijo el magistrado. Horas después, fue «estrangulado manualmente».
Los agentes inyectaron a Soria media botella de pisco –aguardiente de uva– y arrojaron el cadáver y su vehículo a un canal para simular un accidente de tráfico.
Por su participación directa o intelectual en los hechos, el magistrado procesó a Contreras, Lepe Orellana, Townley, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín.
Además de asesinato y secuestro, imputó el delito de genocidio al considerar el episodio parte del «proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena».
Ruz recordó que el caso del funcionario español fue sobreseído por la Corte Suprema de Chile en 1996 en virtud de la ley de amnistía de 1978 y que la Audiencia Nacional tiene competencia para enjuiciar un caso que además afecta a un ciudadano español.
Alfonso Insunza, abogado de la familia Soria en Chile, aseguró que algunos de los implicados ahora en España fueron condenados por «encubrimiento» de la muerte de Soria en el país sudamericano.
No obstante, precisó que todos se encuentran en libertad salvo Contreras, de 83 años, quien está encarcelado desde 1995 por varias condenas de violaciones a los derechos humanos.
«La responsabilidad de los ex agentes de la Dina está completamente comprobada, no hay ninguna duda», dijo Insunza tras conocer el procesamiento de Madrid.
Caso diferente es el de Townley, encarcelado por la muerte del embajador Letelier y su asistente en Washington. Después de la condena, decidió cooperar con fiscales federales de Estados Unidos y fue puesto en el programa de protección de testigos, que entre otras cosas permite cambiar la identidad y la residencia de aquellas personas cuya seguridad se encuentra en peligro por haber facilitado información a las autoridades.
A pesar de ello, Ruz dictó las órdenes de detención y pidió la extradición de los acusados tanto a Chile como a Estados Unidos.
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