Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida ha emitido una acusación formal contra Raúl Gorrín Belisario, un destacado empresario y propietario de una cadena de televisión en Venezuela, por su participación en un esquema masivo de lavado de dinero relacionado con la corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Gorrín, de 56 años, enfrenta cargos por lavado de fondos obtenidos de manera corrupta a través de la empresa petrolera, en un caso que involucra más de 1,2 mil millones de dólares.
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Gorrín y sus colaboradores participaron en un esquema en el que pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios del gobierno venezolano. A cambio, obtuvieron lucrativos contratos de intercambio de divisas con PDVSA.
Para ocultar el origen de los fondos ilícitos, Gorrín y su red emplearon una compleja estructura de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero, aprovechando el sistema financiero de Estados Unidos. Parte de estos fondos fueron utilizados para adquirir propiedades de lujo, yates y otros bienes en Florida.
La acusación detalla que Gorrín y sus co-conspiradores movieron grandes sumas de dinero a través del sistema financiero de EE.UU. y otras jurisdicciones internacionales con el fin de lavar las ganancias obtenidas de los sobornos. Estos pagos, dirigidos a funcionarios venezolanos de alto nivel, aseguraron contratos que le generaron a Gorrín más de mil millones de dólares, utilizados para adquirir bienes de lujo, incluyendo bienes raíces en Florida y otros activos de alto valor.
Este caso forma parte de una investigación más amplia liderada por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF), cuyo objetivo es identificar y desmantelar organizaciones criminales de alto nivel que amenazan la seguridad de Estados Unidos. La operación está encabezada por fiscales y agencias especializadas en combatir delitos financieros complejos.
En la investigación han colaborado autoridades internacionales de Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta, lo que refleja la magnitud y el alcance transnacional del caso. Las autoridades estadounidenses continúan coordinando esfuerzos con estas naciones para llevar ante la justicia a los responsables del caso de corrupción de PDVSA.
El caso de Raúl Gorrín destaca la creciente preocupación por la corrupción en Venezuela y su impacto en la economía global. Al utilizar infraestructuras financieras de países como Estados Unidos, los involucrados en estos delitos logran ocultar fondos ilícitos, presentando grandes desafíos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Aunque Gorrín aún no ha sido capturado, la acusación es solo el comienzo de un largo proceso legal. Su caso es un claro ejemplo de la determinación de Estados Unidos de combatir la corrupción y el lavado de dinero a nivel global. Las investigaciones continúan, y las autoridades están decididas a evitar que el sistema financiero del país sea utilizado como refugio para operaciones criminales internacionales.
Fuente: Telemundo51