El Tribunal Supremo de Venezuela declaró este jueves vigente el decreto de emergencia económica que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, reactivando el llamado «choque de poderes» en el país.
El decreto había sido rechazado hace un mes por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, después de ser emitido por Maduro.
Pero la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dice que el rechazo de la oposición al decreto no impide su entrada en vigor.
El dictamen dice que el decreto, publicado el 14 de enero, «ENTRÓ ENVIGENCIA DESDE QUE FUE DICTADO y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume».
En la sentencia se indica, además, que «el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos».
Maduro –quien dijo que anunciará medidas económicas en los próximos días– en teoría queda con poderes constitucionales para controlar importaciones y exportaciones, auditar empresas y regular el abastecimiento.
Respuesta de la oposición
El viernes, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo en representación de la oposición que el dictámen del TSJ es contrario a lo que estipula la constitución sobre las competencias del Parlamento.
«Con la decisión del TSJ que declara vigente el decreto de emergencia económica, violando la Constitución, el gobierno es inexcusable», dijo en referencia a la resolución de la crisis económica.
«Este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe (de Estado), no tengo la menor duda», aseguró en rueda de prensa.
Ramos Allup anunció que la AN va a seguir legislando y que la oposición ira a instancias internacionales a denunciar lo que llaman un «atropello a la democracia».
También dijo que el sábado la oposición planea hacer una serie de protestas alrededor del país.
«En los próximos días tendremos (la oposición) que ofrecer una propuesta concreta para la salida de este gobierno», concluyó.
Rechazo en la Asamblea Nacional
El pasado 22 de enero, la AN rechazó la convalidación del decreto de emergencia económica aprobado por Maduro días antes para atender la crisis de la nación petrolera por considerarlo un «cheque en blanco» para el presidente.
La propuesta fue rechazada con 107 votos de la oposición frente a 53 oficialistas que votaron a favor, después de que la comisión especial designada para evaluar el contenido del decreto de excepción recomendara su desaprobación.
La comisión dijo que el decreto solo busca aumentar los controles estatales en la economía que según la oposición llevaron al país a la recesión.
Venezuela cuenta con la inflación más alta del planeta y una escasez cada vez mayor de productos de primera necesidad, dos problemáticas que se han exacerbado tras la caída del precio del petróleo, la mayor fuente de divisas del país.
La oposición dice que en esta y otras sentencias el TSJ actúa en favor del gobierno para quitarle a la Asamblea –que es controlada por la oposición por primera vez en 17 años– sus competencias.
Economistas críticos del gobierno dicen que Maduro ya tiene y no necesita poderes especiales para resolver la escasez, la inflación y la recesión.
Ese fue además el argumento de la oposición para rechazar el decreto en la Asamblea.
El TSJ no dicta una sentencia en contra del gobierno hace 9 años en lo que muchos consideran una prueba más de que está cooptado por el Ejecutivo.
Análisis, Daniel Pardo, BBC Mundo, Caracas
Aunque se trata de un escenario complicado e incierto, la sentencia del TSJ se esperaba.
Maduro ahora, más allá de si es legal o no, en la práctica vuelve a poseer poderes para gobernar por decreto, así como los tuvo todo el año pasado.
Su interés, ha dicho, es profundizar el modelo de intervencionismo estatal de la revolución socialista.
Muchos temen que el gobierno tome medidas como intervenir empresas privadas de alimentos, que según Maduro son gestoras de la llamada guerra económica.
Para la oposición, con esto Maduro está cavando su propia tumba.
De hecho, la repuesta de la oposición a la sentencia del TSJ fue más pasiva que activa, pues considera que con quitarle las competencias a la AN y rechazar el diálogo, el gobierno acelera tanto la debacle del país como su salida del poder.