El último balance del Foro Penal Venezolano arrojó que aún hay 78 presos políticos en el país, de los cuales 62 son civiles y 16 militares. El director de la ONG, Gonzalo Himiob, informó que la lista incluye a los comisarios y policías del 11-A, los hermanos Guevara, los detenidos durante las protestas de 2014 y los militares acusados de rebelión.
El Foro Penal presentó el informe en las últimas horas y los datos son contundentes: 29 de los detenidos fueron condenados, en tanto que 49 aún son procesados. 17 de los presos políticos permanecen en cárceles comunes, 17 en cárceles militares y 10 se encuentran bajo arresto domiciliario.
Otro dato que muestra la política persecutoria del régimen de Nicolás Maduro es el que señala que desde el 4 de febrero del año pasado se registraron 3.770 detenciones por protestas.
En diálogo con El Nacional, Himiob comentó: «El gobierno busca de alguna manera imponer la narrativa oficial sobre los hechos, su verdad, según la cual quienes disienten del poder son unos delincuentes, unos criminales. Se observa la búsqueda por revertir el proceso penal en castigo, se viola el derecho a la presunción de inocencia«.
Además dijo que existe «una disparidad de trato» hacia los detenidos y que esto se aprecia en el caso de las medidas cautelares concedidas a algunos de los procesados por motivos políticos y la negativa a otorgárselas a otros.
Existe «una disparidad de trato» hacia los detenidos
«Al estudiante Ángel Contreras, con problemas serios de salud, se le mantiene en el Helicoide, pese a que fue acusado por delitos menores. Sin embargo, los asesinos del ingeniero José Alejandro Márquez, en cuyo caso están acusados tres efectivos de la Guardia del Pueblo, son juzgados en libertad. Contreras es juzgado por agavillamiento y desobediencia a la autoridad; la pena por homicidio calificado puede llegar hasta 30 años de cárcel», destacó.
La justicia se ha utilizado como arma de «persecución política»
Por su parte, el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, reiteró que la justicia se ha utilizado como arma de «persecución política«.
«Hay un fortalecimiento del sistema de justicia como el sistema represivo. En el sistema de justicia penal, más del 80% de los jueces son temporales y esto influye a los efectos de servir a las instrucciones del Ejecutivo nacional».