WASHINGTON (AP) — Es fácil para el Congreso estadounidense interferir en la decisión del Distrito de Columbia de legalizar el uso recreativo de la marihuana. Pero meterse con los estados es algo completamente distinto.
Una ley de gastos aprobada por el Congreso la semana pasada incluye una cláusula que impide al distrito capitalino usar fondos federales para implementar cualquier ley o regulación que anule a reduzca penalizaciones relacionadas con la marihuana. La acción es una respuesta directa a una iniciativa de los votantes aprobada el mes pasado que permite posesión de hasta dos onzas de marihuana o hasta tres plantas maduras para uso personal.
La Constitución le da al Congreso el poder para revisar y rechazar toda legislación aprobada por los funcionarios electos del distrito o sus ciudadanos.
Pero el Congreso no tiene el mismo poder con los estados, y frustrar las gestiones respaldadas por una pluralidad de los votantes resultaría riesgoso de cara a elecciones.
«Es como buscarse una colisión frontal con los derechos de los estados», dijo Philip Wallach, de la Brookings Institution, un centro de estudios basado en Washington.
Wallach dijo que la herramienta más disponible para el Congreso para persuadir a los estados a mantener ilegal la marihuana sería retener fondos para ciertos programas si iniciativas estatales entran en conflicto con la ley federal. Eso es algo que el representante republicano Trent Franks, de Arizona, que es miembro del panel judicial de la cámara baja, dice que está preparado a hacer.
Franks dice que el movimiento de legalización de marihuana pone en peligro a la juventud del país.
Pero muchos otros republicanos no parecen preparados para dar pasos así.
El senador Charles Grassley, probable presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado en el próximo Congreso, dijo que no está listo para decir en cuáles asuntos se centrará su comisión. El panel tiene jurisdicción sobre el Departamento de Justicia, que hace cumplir las leyes federales y ha dicho que no interferirá con los estados que quieren legalizar, regular y gravar la marihuana siempre que existan controles en vigor para mantenerla fuera del alcance de los niños, el mercado negro y propiedad federal.
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