TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — Las autoridades estadounidenses exigen respuestas tras revelarse que soldados formados y equipados por los Estados Unidos asesinaron a un adolescente en Honduras, un país azotado por la delincuencia al que Estados Unidos ya le está reteniendo decenas de millones de dólares en ayuda militar y policial debido a su preocupación respecto a posibles violaciones de los derechos humanos.
Estados Unidos no han especificado cuánto dinero está siendo retenido, pero una revisión de los presupuestos señala que podría alcanzar los 50 millones de dólares, incluidos 8,3 millones en lucha contra el narcotráfico, algunos programas paralelos y otros 38 millones en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central, que asciende en total a alrededor de 135 millones de dólares.
Esa cantidad equivale a la mitad de toda la asistencia de los Estados Unidos a Honduras durante 2012, incluida la ayuda humanitaria.
Ebed Yanes, de 15 años, fue asesinado la noche del 26 de mayo después de saltarse un control militar en Tegucigalpa. Su padre, Wilfredo Yanes, decidió seguir el ejemplo de la rectora de la Universidad Nacional que en noviembre, tras el asesinato de su hijo un amigo a manos de agentes de la policía, decidió investigar por sí misma los asesinatos.
Tras reunir evidencias que permitieron inculpar a los soldados, descubrió un plan orquestado por oficiales al más alto nivel para ocultar las pruebas y entorpecer la investigación de la fiscalía. Esta semana se supo que la unidad militar en cuestión recibía apoyo de Estados Unidos.
William Ostick, asesor de prensa del Departamento de Estado, dijo a The Associated Press el miércoles que «el incidente de Ebed Yanes fue una tragedia y pedimos encarecidamente al gobierno hondureño que garantice que los responsables sean puestos a disposición de la justicia».
Ostick también dijo que la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kubiske, ha hablado del caso con el Jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras y con las fuerzas armadas poco después del incidente y les «animó a investigar el caso en su totalidad».
Estados Unidos le había dado su visto bueno a la unidad, perteneciente al 1er batallón de fuerzas especiales para la recepción de ayuda y les había suministrado un Ford350 que utilizaron para perseguir al muchacho desde el control militar y desde el que hicieron los disparos que lo mataron. Las leyes estadounidenses estipulan que todas las unidades militares o policiales que reciban ayuda deben ser investigadas y autorizadas antes de recibir cualquier entrenamiento o equipo.
Ostick dijo que los Estados Unidos esperan que los individuos y unidades que reciben su apoyo tengan «el más alto respeto por los derechos humanos durante sus carreras». Indicó que su gobierno está ayudando a Honduras a reforzar sus departamentos de asuntos internos e investigación e insiste en que los oficiales acusados de conductas incorrectas sean investigados.
El proceso de investigación y aprobación de las unidades comienza en la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, donde los individuos y unidades propuestos para formación o recepción de ayuda son incorporados a una base de datos interna del Departamento de Estado denominada Sistema de Seguimiento Internacional para la Investigación y Aprobación de Seguridad (IVSTS por sus siglas en inglés). Allí se coteja información gubernamental y no gubernamental así como informes sobre violaciones de los derechos humanos. La embajada también pide informes a las autoridades policiales locales y oficinas del gobierno cuando se trata de información especialmente sensible. En algunas ocasiones, las embajadas entrevistan a las víctimas cuando existen evidencias de que las fuerzas gubernamentales han estado implicadas en violaciones graves de los derechos humanos.
A principios de este año, los Estados Unidos comenzaron a retener fondos destinados a Honduras después de que se acusase al Director General de la Policía Nacional de estar implicado en escuadrones de la muerte. Las leyes estadounidenses prohíben que se brinde asistencia a unidades militares y policiales que violan los derechos humanos con impunidad.
La muerte de Ebed, según las autoridades de los Estados Unidos, no fue lo que derivó en la retención de fondos sino un nuevo incidente alarmante que plantea preocupación respecto al apoyo que se le brinda actualmente al ejército y la policía de Honduras, que se suma a otros asesinatos de activistas de los derechos humanos, periodistas o abogados que se oponen al gobierno.
El Senador Patrick Leahy dijo a The Associated Press que el asesinato de Ebed y su encubrimiento «revela de nuevo la disfunción del sistema hondureño de justicia. Su muerte es el último escándalo de la serie de asesinatos sin sentido de periodistas, activistas y abogados. En la inmensa mayoría de los casos, que parecen aumentar cada semana, nadie es arrestado ni llevado ante la justicia».
Leahy, un demócrata de Vermont, es el presidente del Subcomité de Gastos para Operaciones en el Exterior del Senado estadounidense y ha dejado en suspenso parte de la ayuda que se le brinda a Honduras hasta que se responda a sus preguntas.
Honduras no se ha dado por enterada de la retención de ayuda. Blanca Moreno, funcionaria de prensa de rango medio que asiste a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, dijo que «la cancillería no está enterada ni oficial ni extraoficialmente de la decisión de Estados Unidos de congelar ese dinero»
Hay tres soldados inculpados en la investigación. Uno por asesinato y dos por encubrimiento pese a que los tres dispararon. La ley hondureña prohíbe que se dispare a menos que los agentes de seguridad enfrenten una amenaza real y directa.
El oficial al mando de la unidad que disparó, subteniente Josué Sierra, asistió el año pasado a un curso de formación en el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental, anteriormente denominado Escuela de las Américas, un instituto de formación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Fort Benning, Georgia. Sierra fue, supuestamente, quien disparó primero contra Ebed Yanes y estaba al mando de la patrulla según la investigación, pero solo ha sido acusado de encubrimiento y violación de sus deberes.
El coronel Reynel Funes, que supuestamente ordenó a los soldados manipular las evidencias al cambiarles sus armas cuando estas fueron requeridas por la fiscalía, asistió a la Escuela de posgrado de la armada en Monterrey, California, en 2006 y a la Escuela de las Américas en 1984. Está siendo interrogado por la fiscalía junto al teniente coronel Juan Girón, oficial a cargo del operativo de seguridad de la noche del asesinato, y el coronel Jesús Mármol, jefe de la Operación Relámpago, una operación desarrollada por el ejército de Honduras en la que cumple tareas de seguridad ciudadana en las calles. Ninguno ha sido encausado hasta el momento.
Además de retener dinero a Honduras, los militares estadounidenses han dejado de compartir información de radar con la Fuerza Aérea de Honduras después de trascender que supuestas narcoavionetas han sido derribadas en el aire.
El historiador hondureño Rodolfo Pastor dice que la responsabilidad recae en el nivel más alto de las escalas de mando.
«Durante años hemos dicho que los policías y los soldados hondureños son asesinos», afirmó. «A fin de cuentas son los oficiales y sus responsables civiles quienes han ordenado asesinatos y su encubrimiento, quienes son los responsables reales».
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En este despacho colaboraron los reporteros de Associated Press Martha Mendoza (desde Santa Cruz, California) y Jorge Sáinz (corresponsal en Madrid, que informó desde Cádiz, España).
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